La Diputación de Granada ha recibido una solicitud conjunta del PSOE e Izquierda Unida para que retire la financiación concedida a unas jornadas culturales celebradas en Santa Fe, debido a la participación del líder del Frente Obrero, Roberto Vaquero.

La petición ha sido firmada por Fátima Gómez, portavoz socialista en la Diputación, y María del Carmen Pérez, portavoz de IU, así como por los portavoces de ambas formaciones en el Ayuntamiento de Santa Fe. También  la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Santa Fe, Patricia Carrasco, ha promovido estas peticiones.

Según argumentan, el evento “da voz y visibilidad a personas vinculadas a discursos antifeministas, que representan el odio, la exclusión y el ataque directo a los valores democráticos”, lo que, a su juicio, contradice el simbolismo de las Capitulaciones de Santa Fe, ciudad histórica vinculada a la convivencia y el respeto cultural.

Gómez ha exigido la rectificación y disculpas públicas tanto al presidente de la Diputación, Francisco Rodríguez, como al alcalde de Santa Fe, Juan Cobo (PP). A su juicio, “el escudo de estas instituciones no puede figurar al lado del nombre de una persona que cuestiona los derechos de las mujeres y promueve la exclusión social”. También ha señalado que “no se puede ir en contra de la Ley de Memoria Histórica ni hacer apología del fascismo”.

Además, la portavoz socialista ha afirmado que “Roberto Vaquero ha sido condenado en firme por delitos vinculados a una organización criminal, lo que debería inhabilitarle moralmente para formar parte de un acto financiado con fondos públicos”.

Más allá del plano institucional, esta situación plantea un debate de fondo sobre los límites de la libertad de expresión, el uso de fondos públicos y el riesgo de censura encubierta.

Una de las claves está en si el acto de pedir la retirada de financiación por la participación de una persona con determinadas ideas constituye o no un acto de censura. El artículo 20 de la Constitución Española reconoce el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”, y añade: “el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

Esto significa que el Estado no puede impedir que una información u opinión se exprese antes de que se produzca. Existen mecanismos legales para valorar responsabilidades a posteriori (como demandas por injurias o por delitos de odio), pero no se puede prohibir o condicionar un acto antes de que tenga lugar sin entrar en terreno de censura.

El problema se agrava si no existe ninguna condena firme contra Roberto Vaquero ni resolución judicial que determine que promueve el odio. En ese contexto, atribuirle públicamente tales hechos sin respaldo judicial podría vulnerar derechos fundamentales como el honor y la presunción de inocencia.

Pero más allá del plano legal, este episodio recuerda dinámicas conocidas a lo largo de la historia. La expansión del concepto de “delito de odio” ha dado pie a actuaciones gubernamentales que rozan la censura, y a una creciente persecución simbólica de opiniones que no se alinean con el discurso dominante. Se generan campañas de presión, cancelaciones institucionales y deslegitimación personal.

Nada de esto es nuevo. En tiempos de decadencia política, la censura tiende a volver por vías indirectas. Así ocurrió en la Roma imperial, cuando el miedo impuesto por emperadores como Nerón o Domiciano llevó a muchos oradores y filósofos a autocensurarse o a evitar actos públicos. Entonces, como ahora, el miedo no siempre se impone con leyes: a veces se impone con silencios, con vetos y con la retirada interesada de apoyos públicos.