El suicidio se ha convertido en una plaga para nuestra sociedad, revelándose ya como la primera causa de muerte no natural, por encima de los accidentes de tráfico, pero con una diferencia sustancial: no forma parte de la agenda política y por tanto de los medios de comunicación.
Todo esto pese a que cada día se suicidan 11 personas, donde las tres cuartas partes son hombres entre los 40 y 65 años, que representan la mitad del total. El segundo grupo es el de mayores de 65 años (31%) y los jóvenes adultos (14%). Mientras que los adolescentes entre los 10 y 24 años significan el 5%. La tendencia va en aumento. De hecho, 2022 –a la espera de los datos de 2023– fue el año que más suicidios se registraron en la historia de nuestro país, seguido de cerca por 2021 y 2020.
La motivación, según los expertos, «es escapar a un sufrimiento insoportable porque no ven otras soluciones. Su dolor es tan intenso que solo pueden pensar en una cosa: acabar con él». Entre las diversas causas que se barajan se sabe que el paro, la baja remuneración económica, la consideración social, el grado de autonomía, la precariedad o estabilidad de los contratos, la sobrecarga de horas de trabajo y la exigencia debida es un factor de riesgo de suicidio.
Pero si nos centramos en la población empleada nos encontramos con determinados grupos profesionales donde las tasas de suicidios se disparan. A la cabeza se encuentran los granjeros, militares, fuerzas de seguridad, bomberos y profesionales de la salud. En cuanto a estos últimos, se sabe que tienen un riesgo incrementado médicos, veterinarios, enfermeras/os y dentistas, aunque también en técnicos de emergencias o ambulancias.
Si ahora mismo existe un dato preocupante es el de las tasas de suicidio en la población joven y adolescente, sobre todo desde el fin de la pandemia de COVID y el clima de incertidumbre que dejó tras de sí. Algo que, en opinión de los expertos, se ve agravado por «la felicidad ficticia que promueven las redes sociales y, encima, sucede en un momento de su desarrollo evolutivo en que cualquier problema lo ven con una angustia enorme».
Nos enfrentamos a un problema que, por su propia naturaleza, sólo puede ser abordado tanto desde la prevención, como desde la intervención precoz, bajo un enfoque integral que contemple políticas y mejoras en los recursos en salud mental, y también en el ámbito familiar, el educativo y el social. Son necesarios y urgentes más recursos en salud mental dirigidos a estas edades, incrementando el número de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública; contar con dispositivos especializados, siendo primordial la elaboración de un Plan Nacional contra el suicidio que todavía no existe.
Los datos apuntan a un problema que se agudiza en nuestra sociedad y que no es abordado de forma adecuada por los medios de comunicación. Pese a que se ha impuesto la práctica del silencio acerca de este fenómeno, por sus supuestos efectos multiplicadores, no deja de ser curioso el contraste entre la atención que reciben los asesinatos por «violencia de género», una lacra que deja 50 muertos al año, frente a los 4.003 muertes por suicidios en 2021. Un contraste demasiado evidente para no constatar que los poderes públicos no valoran las muertes del mismo modo. ¿Existe un sesgo ideológico? ¿Se trataría de forma diferente un suicidio con cifras predominantemente femeninas? ¿Se culparía al patriarcado? ¿Qué atención especial merecen las mil mujeres que se suicidan en España? Mientras se siguen analizando las causas, las cifras no paran de aumentar.
