La nueva ley de extranjería ya es una realidad. El gobierno ha conseguido la reforma del reglamento de la Ley de Extranjería que el Consejo de Ministros aprobó hace unos meses atrás. La nueva normativa sigue el recorrido iniciado por los anteriores y el actual gobierno con el fin de seguir fomentando la llegada de inmigración al país y con el objetivo de seguir estas políticas. La actitud del gobierno español choca con las nuevas políticas que desde hace algunos meses están rigiéndose en diferentes países, tanto europeos como de otras partes del mundo, donde las leyes de extranjería se están endureciendo con el fin de que no se produzcan crisis políticas derivadas de las políticas migratorias.

La nueva legislación española busca simplificar los requisitos exigidos a los extranjeros para obtener permisos de residencia y trabajo, además de regularizar de manera excepcional a los solicitantes de asilo cuya petición de protección internacional haya sido denegada y vivan sin papeles actualmente en España. La reforma también pretende ampliar y reordenar los visados, dividiéndolos en cuatro grandes categorías. Antes de la reforma existían tres tipos de visados, centrados en tránsito aeroportuario, de corta duración (hasta 90 días) y larga duración (estudios, trabajo o residencia). La reforma ha introducido un visado nuevo, enfocado a la búsqueda de empleo, diseñado para aquellas personas con formación en sectores donde hay alta demanda de empleo en España. En definitiva, se trata de un visado que permite una entrada legal al país con el objetivo de acceder al mercado laboral.

El nuevo reglamento también abre la posibilidad a que durante un año los solicitantes a los que les hayan denegado la protección de asilo tengan una vía específica para obtener sus papeles. De este modo, se les exigirá llevar al menos seis meses en situación irregular cuando entre en vigor el reglamento para poder acceder al mismo. La propia normativa también reducirá de tres a dos años el tiempo necesario para que un extranjero pueda acceder a un permiso de residencia y trabajo. Los permisos obtenidos por esta vía tendrán una vigencia de un año y tras la renovación se ampliarán a cuatro más. Por lo tanto, se reducirán los plazos para acceder a permisos de residencia y de trabajo. Las renovaciones de los mismo se harán con vistas a una mayor duración, se eliminarán requisitos específicos para agilizar y facilitar, de forma generalizada, la incorporación al mercado laboral de los inmigrantes que vengan a nuestro país. Junto con esta medida se aplicará una unificación del permiso de arraigo familiar y del permiso de familiar comunitario, pasando a ser un permiso para los familiares de los inmigrantes que hayan llegado al país. Con esta medida se busca realizar una concesión que agrupa tanto a familiares directos como los familiares lejanos. Para ello, los solicitantes del permiso tienen que acreditar que está a cargo del ciudadano. También será posible reagrupar a hijos hasta los 26 años. Supone una diferencia con la legislación anterior, que había puesto de límite de edad los 21, a la vez que introducen restricciones en la reagrupación de ascendientes, debiendo ser de 65 años o más y que deberán acreditar que están económicamente a cargo del ciudadano español, a no ser que tengan más de 80 años.