Según la reciente información del Observatorio Estatal de la Dependencia, entre diciembre de 2024 y 2025 murieron 32.704 personas esperando ayudas por dependencia. La cifra total de fallecidos incluye a las personas que esperaban la resolución de su grado de dependencia, unas 17.994 personas, y a las que esperaban su ayuda por dependencia, 14.710. Un cálculo del informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, presentado en el Congreso de los Diputados, establece que en promedio fallece una persona cada 16 minutos esperando su ayuda.
Ese mismo informe muestra que el número de personas que esperan, ya sea su resolución favorable o su atención, era de 258.167 al cerrar el año 2025. El plazo medio para recibir la ayuda correspondiente es de 341 días el año pasado, lo que suponen 7 días más que en 2024. Este retraso manifiesta la persistencia, el empeoramiento y la ralentización en la atención a los más necesitados. Se trata de una grave deficiencia de la administración pública que no se solventa y que además se agrava.
Tal y como indican los datos, las personas con reconocimiento oficial en situación de dependencia aumentaron en 158.618 personas entre 2024 y 2025, elevando la cifra total a 1.784.369, un 9,72% más. En los últimos 19 años se estima que han fallecido unas 900.000 personas mientras aguardaban una respuesta favorable para percibir algún tipo de ayuda y atención.
Ante este problema ¿Qué ha hecho el Gobierno de PSOE-Sumar? La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales denuncia que en 2024, el gobierno paralizó el aumento de 600 millones de euros adicionales aportados por el Plan de Choque desde el año 2021 hasta 2023. Este recorte en las prestaciones ha tenido claramente un impacto negativo visible en los datos antes mencionados. Además el pasado año, el gasto estatal para con las Comunidades Autónomas solo se aumentó para cubrir los gastos mínimos ante el aumento de personas necesitadas, sin crecer nada en 2025.
Por otra parte, España dedica una cantidad equivalente al 0,8% del PIB para sostener el Sistema de Atención a la Dependencia. En comparación con la media de los Estados miembros de la Unión Europea la asignación presupuestaria española es menor. El sistema de ayudas posee graves carencias, tal y como se informa, y se lanza la advertencia de que serían necesarios por lo menos 1.000 millones de euros más en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo cual representa otro problema añadido al no tener unos presupuestos generales desde los últimos aprobados en 2023.
Los datos son estremecedores. Esto solo es una muestra más de la situación de abandono por parte del Gobierno a pesar supuestamente defender los servicios públicos.
