Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja en una normativa que regule la publicación de fotos de menores en redes sociales por parte de sus progenitores y distintos organismos como Policía Nacional difunden los riesgos y perjuicios que suponen este tipo de publicaciones, los centros educativos utilizan las imágenes de los alumnos como medio para publicitarse en redes sociales, haciendo caso omiso a estas advertencias, como si el riesgo de estas publicaciones dependiese de la fuente que las publique.
Actualmente no existe una normativa formal que regule la publicación de fotos de menores por parte de sus progenitores en medios digitales, sin embargo, no sucede lo mismo con los centros escolares u otros organismos que realicen su actividad principal con menores de edad (escuelas de baile, centros deportivos, academias, etc.), o cualquier entidad que utilice imágenes que contengan menores, en este caso y dado que existe una ley que defiende los derechos del menor, este tipo de centros están obligados a solicitar autorización a los padres para la publicación de imágenes tanto en medios digitales como en medios físicos.
Con esta normativa que se está desarrollando, parece ser que se pretende limitar la publicación de imágenes de menores a sus progenitores, pero le sigue otorgando a estos la potestad de autorizar dicha publicación a otros organismos.
La autorización para la publicación medios digitales abarca desde una intranet con acceso limitado a los padres, redes sociales y páginas web entre otras. Por su parte, la autorización para la publicación en medios físicos incluye cualquier imagen que exponga en las instalaciones internas del centro.
En la práctica, aunque la autorización discrimine entre medios físicos y medios digitales, no se tiene en cuenta, por norma general se aplica el criterio de que o se autoriza todo o no se autoriza nada, ya sea por falta de medios para distinguir o por simple pereza.
Hay tener en cuenta que este tipo de centros generalmente tienen como objetivo educar y que además muchos de ellos son públicos, por lo que no dependen de la publicidad para obtener ingresos y, por tanto, no tienen por qué hacer publicidad y menos, a través del uso de imágenes de menores. Se trata de centros educativos no sociedades con marca que se deba vender.
A pesar de ello, muchos profesores están de acuerdo en que los centros deben darse a conocer para que se vea la labor que hacen, no tengo muy claro por qué es necesario, pero, independientemente de mi opinión y dado del colectivo afectado en este caso, existen otras metodologías para publicitarse que no implican utilizar a menores.
Dicho lo anterior, es bastante habitual que los padres autoricen a los centros a publicar imágenes de los menores, ya que ellos mismos las publican en sus redes sociales y, dado lo extendido y generalizado que está el uso de los medios digitales, no ven el peligro o las repercusiones presentes y futuras de hacerlo. Sin embargo, hay padres que, ya sea por conocimiento de causa o simplemente porque valoran su intimidad y la de sus hijos, optan por denegar dicha autorización. Cuando esto sucede, y dado que se trata de un sector minoritario, comienzan los problemas para el menor.
Si bien es cierto que algunos centros educativos optan por publicar las fotos tapando la cara de aquellos menores que no disponen de autorización para ser exhibidos, la mayoría, ya sea por el hecho de que el niño no muestre la cara puede transmitir desconfianza por parte de los padres hacia el centro, lo cual no genera muy buena imagen para su público objetivo, por mera dejadez, ya que supone un esfuerzo adaptar las imágenes, o por el hecho de que si otros padres ven caras tapadas en las fotos decidan retirar la autorización, que más de uno ha otorgado por presión y no por deseo propio, deciden simplemente apartar a los menores no autorizados a la hora de realizar la foto, lo que supone una discriminación efectiva del menor respecto del resto de iguales, vulnerando efectivamente los derechos del niño.
Por otra parte, a pesar de que el centro escolar solicita la autorización, según establece la normativa y, por tanto, todo el que no lo desee no tiene por qué validar dicha autorización, existe una presión hacia los padres desde los propios centros, remarcando las implicaciones que puede tener que no otorguen dicha autorización, es decir, que no saldrá en ninguna foto, que es el único que no tiene autorización y los demás compañeros si aparecerán, etc. Con el objetivo de generar culpabilidad y miedo a la discriminación del propio hijo en los padres.
Tras hablar con muchos padres que se han visto en la misma tesitura todos se han acabado cediendo y otorgando el permiso debido a la discriminación que el centro estaba generando en los menores y el malestar que esto suponía para sus hijos y las tensiones familiares derivadas de ello, puesto que un menor no es consciente de lo que significa que su imagen pueda aparecer en internet ni las repercusiones que esto puede tener, lo que un niño ve es que lo están apartando y separando del resto, cuando lo que ellos quieren es participar en las actividades que se realizan igual que el resto de sus compañeros, porque sus padres no han firmado un papel, generando resentimiento hacia los padres y malestar familiar.
Estas situaciones se acaban utilizando como instrumento de presión para que los padres rebeldes cambien de parecer y decidan renunciar en nombre de sus hijos a sus derechos para que estos no sean discriminados y no sufra las consecuencias que eso puede suponer para el menor. En definitiva, unas medidas muy en la línea de defender la no discriminación o prevenir el acoso escolar.
Hay que destacar que esta medida está promovida por las propias administraciones, que buscan la forma de sortear la propia normativa a fin de mediatizar los servicios públicos como es la educación porque, al fin y al cabo, es el organismo que gestiona las competencias en educación el que establece las directrices que deben seguir los centros educativos, pero lo hacen siguiendo intereses políticos independientemente del impacto que sus campañas publicitarias pueda generar en los menores.
Por otra parte, yendo más allá de la repercusión en el menor que no obtiene autorización, hay que poner también el foco en el mensaje que se transmite a los niños por parte de las instituciones cuyo objetivo es enseñar. Se les está enseñando a normalizar que cualquiera les haga fotos y que estas sean vistas por todo el mundo, a ser exhibidos y, sobretodo, se normaliza la publicación de información personal en los medios digitales como si se tratase de algo inocuo, lo que, es más, se tira por tierra cualquier campaña de sensibilización que puedan llevar a cabo los propios centros ya que no predican con el ejemplo.
Por todos estos motivos y a pesar de que los padres no deberían publicar fotos de sus hijos, el Gobierno no debería poner el foco en los progenitores cuando el principal problema está siendo promovido por las propias instituciones públicas.
