Bruselas advierte de que el proceso de regularización no implica la libre circulación por los países europeos
El Consejo de Ministros autorizó el inicio de la tramitación del Real Decreto que regularía la regularización extraordinaria de inmigrantes. Esto marca el primer acto oficial del Gobierno sobre el proceso, aunque ya era un tema que se venía comentando en distintos círculos.
A comienzos de febrero se hizo el anuncio público, por el que el Gobierno comunicó que estaba preparando una regularización extraordinaria para más de medio millón de personas.
Posteriormente, se publicó un borrador oficial de este decreto. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó que el texto del Real Decreto estaba en audiencia pública hasta el 6 de febrero, lo que supone la primera comunicación oficial detallada del proceso. En esta comunicación se explica que el texto está abierto a aportaciones ciudadanas y que posteriormente pasará por los informes obligatorios (incluido el Consejo de Estado). La aprobación final será en Consejo de Ministros, con su posterior publicación en el BOE. Dicha aprobación está planificada entre el 14 y el 21 de abril.
Sin embargo, Bruselas confirma que no ha recibido ningún tipo de comunicación oficial al respecto, aunque, por supuesto, conoce los movimientos iniciados por el Gobierno. Las autoridades de la UE denuncian que el Gobierno español sí había comunicado interna y públicamente el proceso, pero no había enviado notificación formal a la UE. La UE no se opone legalmente a la regularización, pero critica la falta de comunicación oficial, advierte sobre riesgos para el espacio Schengen y recalca que los permisos españoles no permiten una libre circulación plena. La Comisión teme que, una vez regularizados, estos migrantes puedan viajar por el espacio Schengen y que algunos intenten fijar residencia en otros países sin cumplir sus normas. Jurídicamente, pueden circular como turistas por Schengen durante un número determinado de días (90 días dentro de cada periodo de 180), pero no pueden trabajar ni residir legalmente en otro Estado sin un permiso de ese país. Si se instalan de facto en otro Estado sin autorización, este puede devolverlos a España como Estado responsable.
La residencia española no permite fijar residencia en otros Estados miembros, aunque sí circular temporalmente, lo que genera preocupación por posibles riesgos de seguridad. La residencia y la regularización de personas en situación irregular son competencia del Estado miembro, siempre que respete el marco Schengen (controles, devoluciones y cooperación policial) y el Pacto de Migración y Asilo. La Comisión puede criticar el impacto, pero no “vetar” el decreto español. La UE no puede impedirlo, aunque sí puede ejercer presión política si considera que existen riesgos para Schengen. Aunque no se puede vetar, sí se ha criticado la medida con mayor o menor intensidad y, en todo caso, genera preocupación.
El comisario de Migración, Magnus Brunner, ha indicado que la falta de comunicación ya supone un mal comienzo e insiste en que esta situación es preocupante, pudiendo tener consecuencias para toda la UE. Eleva el tono al subrayar que este tipo de decisiones unilaterales pueden desestabilizar el espacio Schengen, y pide explícitamente que España garantice que la medida no afectará a dicho espacio.
Asimismo, advierte de que los migrantes regularizados que se establezcan en otros países serán devueltos a España, dejando clara la posición de que la regularización no supone derechos en el resto de la UE y que los migrantes deberán permanecer en España para ejercer sus derechos. No es un “salvoconducto” para circular por toda Europa sin control.
Esto preocupa, ya que supondrá que, si un migrante regularizado en España pretende establecerse en otro país comunitario, deberá ser devuelto a España, con todos los procesos, recursos y costes que ello conlleva. En este aspecto, Magnus Brunner ha sido especialmente taxativo al advertir que los migrantes regularizados que intenten establecerse en otros países serán devueltos a España. La residencia española no permite fijar residencia en otros Estados miembros, aunque sí circular temporalmente, lo que sigue generando preocupación por posibles riesgos de seguridad. La UE, pese a algunos rumores, no ha paralizado el proceso del decreto de regularización, ya que no está legitimada para ello. Bruselas lo desmiente, pero mantiene sus críticas.
La defensa del Gobierno de España ante estas críticas es que la regularización y las posibles nacionalizaciones posteriores son legales, necesarias y compatibles con el marco europeo. El Gobierno defiende que la medida es urgente (aunque no explica con claridad el motivo de dicha urgencia), argumentando que España necesita mano de obra y que la medida reduce la economía sumergida. Además, enfatiza que la nacionalización sigue criterios estrictos (años de residencia, integración y antecedentes).
Sin embargo, ya existen informes que alertan de que, dado el alto número de solicitudes, podría no ser viable —o al menos no con los recursos actuales— cumplir todos los requisitos, como la revisión de antecedentes.
La oposición, principalmente el PP, está utilizando la posición de la UE para cuestionar esta medida (aunque posteriormente muchas decisiones comunitarias se voten conjuntamente con el PSOE o su equivalente europeo). Tanto el PP como Vox advierten de posibles tensiones diplomáticas. Asimismo, utilizan las advertencias de Bruselas para denunciar riesgos de seguridad y presionar al Gobierno, alegando también una falta de alineación con el Pacto de Migración y Asilo.
El Pacto de la UE sobre Migración y Asilo fue adoptado formalmente por el Consejo de la Unión Europea el 14 de mayo de 2024 y constituye un conjunto de normas que reforma de manera profunda el sistema europeo de gestión migratoria y de asilo. Su objetivo es crear un sistema más eficiente, uniforme y solidario entre los Estados miembros. Este pacto está compuesto por nueve instrumentos legislativos (reglamentos y una directiva).
Entre sus principales objetivos se encuentran la gestión ordenada de las llegadas mediante procedimientos comunes, la aceleración y armonización de los procesos de registro, triaje y evaluación de solicitudes, el refuerzo del control de fronteras exteriores mediante procedimientos obligatorios, la reducción de los desplazamientos secundarios dentro de la UE y el establecimiento de un sistema de solidaridad obligatorio que puede incluir reubicaciones, contribuciones financieras o apoyo operativo.
España es uno de los países más afectados por ser frontera exterior de la UE (Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Levante), por lo que tendrá un papel clave en la aplicación de este pacto, especialmente en lo relativo a la gestión de fronteras, procedimientos de asilo y retorno, y la solidaridad obligatoria entre Estados miembros.
Esta solidaridad se traduce en que cada año los Estados miembros deben contribuir mediante la reubicación de solicitantes de asilo, aportaciones financieras o apoyo operativo (personal, medios o infraestructuras). Esto afecta a España como país de primera entrada, ya que podrá solicitar reubicaciones hacia otros países de la UE, recibir apoyo financiero y operativo y, por tanto, reducir su carga en momentos de presión migratoria. Esto se materializa en medidas como el refuerzo de Frontex, Policía Nacional y Guardia Civil, el aumento de recursos para las Oficinas de Asilo y Refugio (OAR), la inversión en centros de acogida y procedimientos en frontera, así como la coordinación con ACNUR, OIM y ONG españolas.
El sistema anterior se basaba en la responsabilidad casi exclusiva del país de primera entrada, mientras que el nuevo pacto introduce procedimientos comunes, controles obligatorios y un sistema de solidaridad que reparte la carga entre todos los Estados miembros. Por ello, también ha sido criticado que una decisión unilateral española, sin comunicación previa, pueda interpretarse como una ruptura de las reglas del juego y una falta de lealtad en un sistema que busca mayor coordinación. Bruselas considera además que la medida “no está en línea con el espíritu” de la política migratoria común y que puede enviar un mensaje contradictorio con la estrategia de disuasión de la migración irregular.
Asimismo, la regularización podría desembocar en procesos de nacionalización, como ha señalado el propio Gobierno, al afirmar que “la regularización y las nacionalizaciones posteriores son legales, necesarias y compatibles con el marco europeo”. Esto genera especial preocupación porque, una vez obtenida la nacionalidad, los beneficiarios pasarían a ser ciudadanos europeos, con pleno derecho de libre circulación.
La UE no interviene en los procesos de nacionalización, ya que son competencia exclusiva de cada Estado miembro. No obstante, diversos medios han señalado el impacto que podría tener en la libre circulación si la regularización masiva deriva en numerosas solicitudes de nacionalidad, algo considerado previsible. Algunos periódicos, como Le Figaro o Die Welt, han advertido de un posible “efecto llamada”. La UE no puede bloquear estas nacionalizaciones, pero sí vigila su impacto en el espacio Schengen si se producen en grandes volúmenes.
Además, se refuerza la percepción de España como “puerta de entrada” a la UE. España actúa, una vez más, en cierto sentido a contracorriente de otros países europeos, donde en los últimos años se han endurecido las políticas migratorias. Alemania, Austria, Países Bajos y Dinamarca han endurecido sus políticas, en parte por la presión de nuevos gobiernos con mayor presencia de partidos de derecha. Francia realizó su última gran regularización en 1997–1998 (bajo el gobierno de Lionel Jospin) y desde entonces ha optado por regularizaciones caso por caso, con una reducción del 40–50% en los últimos años y una política que considera la regularización como algo excepcional.
Italia, Grecia y Portugal han llevado a cabo regularizaciones parciales en el pasado (Italia en 2020, Portugal durante la pandemia y Grecia en sectores específicos), mostrando una postura algo más flexible, aunque también condicionada por presiones internas. En Europa del Este (Polonia, Hungría) predominan posturas muy restrictivas, utilizándose el caso español como argumento para reforzar el control de fronteras exteriores.
La aprobación definitiva del decreto aún no está decidida. Sin embargo, una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez adopta medidas que no solo podrían no beneficiar al país, sino que también lo sitúan en tensión con la política comunitaria, proyectando la imagen de España como el “niño rebelde” de la UE.
