La última regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno ha dejado fuera a los saharauis. Pese a que los primeros borradores del Ejecutivo incluían a los solicitantes de apatridia, el dictamen del Consejo de Estado dejó a este colectivo fuera del texto definitivo.
El estatuto de apatridia reconoce legalmente a una persona que no es reconocida como ciudadano por ningún Estado. En España, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hay 11.515 personas con este estatus, de las cuales el 95% son saharauis.
Este hecho se ha visto como un acto de discriminación deliberado, algo que no debe extrañarnos por la relación de subordinación del PSOE a Marruecos. No olvidemos que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto peliagudo en las relaciones entre España y Marruecos, tema en el que España ha mostrado su apoyo al plan de ocupación marroquí sobre el Sáhara Occidental.
Este apoyo no fue casual y se dio tras las sucesivas oleadas migratorias arrojadas por Marruecos contra Ceuta y Melilla en represalia por el ingreso en 2021 del líder saharaui, Brahim Ghali, en un hospital español. El acogimiento en España del Presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) tuvo repercusiones y el gobierno español optó por doblegarse a las exigencias del régimen marroquí.
No debe sorprendernos que este trato discriminatorio contra los inmigrantes saharauis esté condicionado por la actitud lacayuna del gobierno español hacia el sultanato de Marruecos. Ante esto muchas asociaciones saharauis han denunciado la situación de vulnerabilidad e injusticia a la que se enfrentan los solicitantes de apatridia. No es raro que tengan que estar hasta 3 años sin trabajar mientras esperan su nuevo estatus de apátrida, algo que no sucede con los solicitantes de asilo que pueden trabajar a los 6 meses después de su solicitud.
La renuncia a la solicitud de apatridia lleva a una situación de irregularidad, por lo que no se aconseja por parte de los expertos. La razón está en que los saharauis, debido al conflicto con Marruecos, enfrentan severas dificultades para aportar un pasaporte válido en España o un certificado de antecedentes penales, ambos necesarios para regularizar su situación.
Dentro del Gobierno de coalición ha surgido una polémica entre miembros del partido Sumar con el PSOE. La diputada saharaui de Sumar, Tesh Sidi, ha protestado contra esta discriminación, al tiempo que colegas suyos de Sumar e Izquierda Unida como Antonio Maíllo, se han mostrado favorables al PSOE. Sin embargo en ningún momento se ha planteado una ruptura ni ninguna medida de presión para evitar esta discriminación, como ya sucedió cuando el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez apoyó el plan de ocupación marroquí del Sáhara Occidental en 2022. Por aquel entonces, el partido Unidas Podemos siguió en el poder sin inconvenientes.
Las disensiones que puedan existir en el seno del Gobierno de coalición de PSOE-Sumar, al igual que las anteriores dentro del Gobierno de PSOE-Podemos, no conducen ni a rupturas ni a presiones. La decisión gubernamental se prevé inamovible debido a los vínculos entre Ferraz y Rabat.
