España lleva años arrastrando un enorme problema con los trabajadores interinos de la Administración pública y ahora el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que puede marcar un antes y un después para cientos de miles de personas, aunque probablemente no en el sentido que muchos esperaban. Durante décadas miles de empleados públicos han encadenado contratos temporales mientras ocupaban puestos estructurales que en realidad deberían haber sido cubiertos por personal fijo, una situación que se ha convertido en algo habitual dentro de muchas administraciones.
El Supremo ha dejado claro que el abuso de temporalidad no convierte automáticamente a un interino en trabajador fijo porque considera que hacerlo chocaría con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad exigidos para acceder a la función pública. Con esta decisión el alto tribunal frena una de las principales reivindicaciones de numerosos colectivos de interinos que llevaban años reclamando la fijeza como solución al fraude cometido por las administraciones públicas.
Sin embargo la sentencia también reconoce algo importante y es que durante años se ha abusado claramente de la contratación temporal dentro del propio sector público, ya que el Estado y muchas administraciones han utilizado de forma sistemática a trabajadores temporales para cubrir necesidades permanentes mientras evitaban crear plazas estables o convocar suficientes oposiciones. El resultado ha sido una enorme bolsa de trabajadores atrapados durante años en una situación de precariedad e incertidumbre laboral.
Por eso el Supremo deja abierta la puerta a reclamar indemnizaciones cuando exista abuso de temporalidad e incluso admite que las compensaciones actuales podrían no ser suficientes para reparar el daño sufrido por estos trabajadores tras tantos años de inestabilidad. Algunos juzgados ya están empezando a conceder indemnizaciones importantes y todo apunta a que ahora se multiplicarán las demandas judiciales en toda España.
Además el conflicto sigue lejos de resolverse porque la justicia europea lleva años advirtiendo de que España incumple la normativa comunitaria al mantener niveles tan elevados de temporalidad en las administraciones públicas, de manera que esta sentencia probablemente no cierre el problema sino que aumente todavía más la litigiosidad y la inseguridad jurídica mientras miles de interinos continúan atrapados entre oposiciones eternas, contratos temporales y reclamaciones ante los tribunales.
