Los islandeses rechazan reabrir las negociaciones de adhesión a la UE y prefieren mantener su actual relación con Bruselas sin entregarle el control sobre sectores estratégicos como la pesca.
Islandia ha vuelto a decir no a la Unión Europea. El 52,8 % de los ciudadanos rechazó este sábado reabrir las negociaciones para una futura adhesión a Bruselas, frente al 47,2 % que votó a favor. La elevada participación demuestra además la importancia que los islandeses concedían a una decisión que afecta directamente a la soberanía de su país.
La decisión resulta especialmente significativa porque Islandia no vive aislada de Europa. El país forma parte del Espacio Económico Europeo y del espacio Schengen, lo que le permite participar ampliamente en el mercado único y mantener la libre circulación con los países europeos. Lo que los islandeses han rechazado es dar un paso más y convertirse en miembros de pleno derecho de una Unión que implicaría ceder mayores competencias a Bruselas.
Y detrás del rechazo existe una cuestión fundamental: la pesca. Se trata de uno de los sectores estratégicos de Islandia y supone aproximadamente el 40 % de sus exportaciones. Una parte importante de la población teme que la entrada en la UE termine sometiendo sus caladeros y el reparto de cuotas a la Política Pesquera Común. Frente a las promesas de encontrar soluciones específicas, los islandeses han preferido conservar el control sobre sus propios recursos.
La decisión islandesa debería servir también para abrir un debate que en España, y en el resto de Europa, rara vez se plantea: ¿qué consecuencias puede tener para un país entregar a instituciones supranacionales una parte cada vez mayor de su capacidad para decidir sobre su economía, sus recursos y sus sectores estratégicos?
España cuenta con décadas de experiencia. La integración europea coincidió con una profunda desindustrialización que redujo drásticamente el peso de importantes sectores productivos, mientras las políticas agrarias de Bruselas empobrecían a nuestros productores y contribuían a consolidar un modelo económico cada vez más dependiente del sector servicios y, especialmente, del turismo. A ello se sumaron, sobre todo durante la crisis de la pasada década, las exigencias europeas de reducción del déficit, reformas estructurales, ajustes del gasto público y privatizaciones; en definitiva, las clásicas recetas neoliberales.
No olvidemos, además, que esa cesión de soberanía tampoco implica que Europa vaya a solucionar nuestros principales problemas políticos. Lo hemos comprobado con la negativa para conseguir la entrega de Carles Puigdemont a la Justicia española y volvemos a comprobar los límites de la respuesta europea ante la reciente presión migratoria que está sufriendo Ceuta desde Marruecos.
Por eso resulta más fácil comprender la decisión de Islandia. Un país que conserva el control sobre sectores fundamentales de su economía tiene motivos para preguntarse qué ganaría entregándolo. Los islandeses han decidido continuar cooperando y comerciando con Europa, pero sin permitir que Bruselas decida sobre uno de los pilares fundamentales de su economía.
Quizá España y el resto de países de la Unión Europea deberían empezar a reflexionar sobre si ceder soberanía a Bruselas ha sido realmente una buena idea.
