Según el informe «Datos y cifras. Curso Escolar 2024-2025» del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, en el curso 2023-2024 había un total de 1.066.875 alumnos extranjeros en enseñanzas de niveles no universitarios, lo que supone el 12% del total de estudiantes matriculados.
Esta cifra ha crecido un 45% en los últimos diez años, un aumento que se explica en gran medida por las políticas de reagrupamiento familiar. Los estudiantes de niveles no universitarios representan el 15% del total de la población extranjera residente. Es importante señalar que no se considera extranjero a un estudiante que ya ha obtenido la nacionalidad, aunque su origen no sea español y haya comenzado su escolarización en su país de origen.
La distribución de alumnos extranjeros varía significativamente según la comunidad autónoma. Según el mismo informe, en Baleares alcanzan el 18%, un porcentaje similar al de Cataluña y la Comunidad Valenciana. En Madrid representan el 13%, mientras que en Galicia (6%) y Extremadura (4%) se registran los porcentajes más bajos.
En cuanto al origen de estos escolares, el 21% procede de países europeos comunitarios, el 8% de Europa no comunitaria, el 24% de África, el 37% de América y el 8% de Asia. Estas proporciones también presentan diferencias notables entre comunidades autónomas.
En los últimos años, el grupo de origen asiático es el que más ha crecido, seguido por estudiantes de Europa no comunitaria (influido por la guerra en Ucrania), América Central y África. En cambio, ha disminuido la proporción de alumnos procedentes de América del Sur.
Respecto a la titularidad de los centros, la distribución general del alumnado en España es de un 67% en centros públicos, 16% en concertados y 9% en privados. Sin embargo, entre los estudiantes extranjeros, un 76% está matriculado en centros públicos, un 16% en concertados y un 8% en privados. En comunidades como Castilla-La Mancha, el porcentaje de alumnado extranjero en centros públicos llega al 90%.
La inclusión de estudiantes extranjeros en el sistema educativo español está regulada por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE), que garantiza el derecho a una educación inclusiva y de calidad sin discriminación por origen racial, étnico o nacional (artículos 1 y 6). Además, se contempla la adopción de medidas para compensar carencias en la competencia lingüística en castellano o lenguas cooficiales (artículo 71).
Este derecho a la educación también está amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La ley actual reconoce la inclusión del alumnado extranjero en el sistema educativo, pero no especifica claramente quién debe garantizar estos derechos, con qué recursos ni cómo llevarlos a la práctica más allá de la declaración de principios.
Aunque la LOMLOE no menciona de forma explícita el papel de las administraciones educativas en la inclusión de estudiantes extranjeros, estas tienen la responsabilidad general de garantizar la equidad y eliminar barreras que limiten el acceso, participación y aprendizaje de todos los alumnos, independientemente de su origen.
La financiación de estos programas, al igual que el del sistema educativo general, proviene de los presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas. Entre las iniciativas específicas para la integración del alumnado inmigrante se encuentran los protocolos de acogida, que facilitan la adaptación al entorno escolar; las aulas de inmersión lingüística para el aprendizaje intensivo del idioma; los programas de refuerzo, orientación y apoyo (PROA); la formación del profesorado en diversidad cultural y lingüística; las actividades culturales y de ocio; y el apoyo a las familias, con planes de acogida y acompañamiento.
Entre los principales problemas que enfrenta el alumnado extranjero destacan las diferencias culturales en el entorno familiar, especialmente en relación con los valores enseñados en la escuela, como la visión del rol de las mujeres. También existen dificultades lingüísticas, particularmente si el alumno se incorpora en edades avanzadas, y problemas de adaptación al sistema educativo, especialmente en casos en los que no hubo escolarización previa. Adicionalmente, pueden surgir episodios de rechazo hacia la cultura de origen del estudiante y su familia.
El profesorado manifiesta una actitud ambivalente ante la creciente diversidad cultural en las aulas. Aunque se reconoce que la diversidad enriquece el entorno educativo, también se señalan desafíos como barreras lingüísticas, falta de recursos y formación específica en educación intercultural. Algunos docentes indican que la integración de alumnos extranjeros puede ser complicada tanto a nivel académico como social, ya que estos pueden sentirse aislados o tener dificultades de adaptación. En algunas regiones, como el País Vasco, se identifican retos adicionales derivados del multilingüismo, que incluye la enseñanza en español, euskera e inglés, además del idioma de origen del alumno.
En comunidades como Cataluña y Madrid, donde la inmigración es un fenómeno más antiguo y continuo, el profesorado dispone de mayor experiencia en la integración de estudiantes extranjeros y suele contar con más recursos. Por el contrario, en regiones con inmigración más reciente y menor densidad de población, los docentes enfrentan más dificultades por la falta de experiencia y medios para gestionar la diversidad en el aula.
El impacto académico también es un aspecto relevante. La llegada de estudiantes inmigrantes no ha supuesto una disminución de ratios ni un aumento específico de profesorado, lo que plantea un reto para mantener el nivel académico en aulas con diferencias significativas en capacidades lingüísticas y nivel educativo previo.
Según datos oficiales, la tasa de escolarización en los niveles obligatorios (primaria y secundaria) es del 100% tanto entre españoles como extranjeros. Sin embargo, en niveles no obligatorios existen diferencias: en Bachillerato, la tasa de escolarización entre españoles es del 73%, mientras que entre extranjeros es del 52%. En Formación Profesional también se observan diferencias de hasta 10 puntos, y en educación superior, de hasta 15 puntos.
Los resultados académicos también muestran una desigualdad significativa. Según el informe PISA, los estudiantes extranjeros obtienen un rendimiento inferior al de los nativos. Los hijos de inmigrantes nacidos en España presentan resultados intermedios, más cercanos a los del alumnado español. Las diferencias son más marcadas entre los varones: la brecha promedio para estudiantes extranjeros es de 52 puntos en competencia matemática, 44 en comprensión lectora y 4 en competencia científica. Una diferencia de 40 puntos equivale, aproximadamente, a un curso académico completo.
Este desfase se relaciona con la práctica de ubicar a los alumnos según su edad sin considerar su nivel académico real, lo que se intenta corregir con clases de refuerzo que, por falta de recursos, no siempre resultan eficaces.
La tasa de repetición de curso refleja estas dificultades: entre los alumnos españoles es del 22%, entre los hijos de extranjeros nacionalizados es del 42% y entre los estudiantes extranjeros alcanza el 50%.
A esto se suma la situación socioeconómica, ya que gran parte de la inmigración tiene motivaciones económicas. Esto también influye en el rendimiento escolar y en el abandono temprano de los estudios, que alcanza el 11,4% entre españoles y el 26% entre extranjeros, una cifra que entre los varones de origen extranjero llega al 34%.
