Su comunicado antes de tiempo rompe el «embargo estadístico» y genera malestar entre la prensa, además de ocultar realidades del empleo en España.
El pasado 6 de abril, Pedro Sánchez lanzó en redes sociales un anuncio con bastante de “performance”, en el que, ataviado con la nueva camiseta de la selección española con el número 22, informaba de que este coincidía con los millones de afiliados a la Seguridad Social.
Este acto fue bastante polémico y ampliamente criticado por los periodistas, ya que Sánchez se aprovechó de su posición para adelantar el dato antes de la hora oficial fijada para su comunicación.
La Seguridad Social tiene un calendario estadístico con las fechas y las horas oficiales de publicación de los datos relativos a afiliaciones. A la hora determinada, todos los medios, analistas y ciudadanos pueden acceder a esa información a la vez. Este sistema, denominado “embargo estadístico”, que suele aplicarse a los principales indicadores económicos, garantiza que todos los medios puedan partir de la misma situación e informar sin privilegios.
Pero Pedro Sánchez anunció este dato, ya que conocía con antelación la información que lanzaría en una nota de prensa oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, titulada: “El mercado laboral supera en marzo la barrera de los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social en términos desestacionalizados”.
Este adelanto a la publicación oficial es considerado por los medios y periodistas especializados en información económica como una ruptura del principio de igualdad de acceso a la información, denunciando que les coloca en desventaja informativa. Además, el anuncio impedía analizar los datos con contexto y rigor antes de que el mensaje político fijara el marco interpretativo.
Esto dificulta sobremanera explicarlo correctamente, porque la población ya se ha podido quedar con el gran número. Varios informadores denunciaron que, una vez lanzado el titular por el presidente, el trabajo periodístico quedaba “condicionado”, ya que los datos aún no estaban disponibles en su totalidad ni con series completas para contrastar.
Además, se abre la puerta a un uso propagandístico de datos oficiales, algo expresamente desaconsejado por el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Es un precedente peligroso: si un presidente puede adelantar datos sensibles cuando le conviene, el embargo estadístico pierde sentido.
Y acentúa la tensión sobre un conflicto ya muy tensado entre el Gobierno y la prensa por el control del relato informativo.
Las asociaciones profesionales advierten de que normalizar esto vacía de contenido el derecho a la información, debilitando el embargo estadístico como herramienta democrática. Además, en un contexto económico y de cifras, el relato político se impone al análisis técnico. A nivel social, se genera desconfianza en la neutralidad de los datos y la información puede pasar a ser propaganda.
Puesto que el embargo estadístico está incluido entre las políticas de la Unión Europea, es interesante analizar si se han dado situaciones similares en España o en otros países miembros y las consecuencias que esto podría tener. En España no existen precedentes claros sancionados de un presidente del Gobierno anunciando datos oficiales sensibles (empleo, PIB, inflación) antes de la hora oficial marcada en el calendario estadístico de forma tan explícita y personal como en este caso.
Sí ha habido quejas recurrentes de periodistas y asociaciones profesionales por el uso político de estadísticas, ruedas de prensa sin preguntas y acceso desigual a la información, pero no por una ruptura directa del embargo estadístico en redes sociales por parte del presidente como en este caso. Este episodio sí puede suponer el comienzo de un patrón preocupante y marca un antes y un después en las relaciones prensa-Gobierno.
En Europa sí ha habido antecedentes de rupturas del embargo estadístico o de cierto acceso privilegiado a la información, pero con características muy diferentes; destacan filtraciones por fallos técnicos o rupturas del embargo por medios o analistas, pero hasta ahora no por jefes de Gobierno o miembros del Ejecutivo.
A nivel europeo, en el uso de datos oficiales de Eurostat, esta institución reconoce que las rupturas de embargo existen, pero establece como respuesta habitual la revisión de protocolos, la retirada del acceso anticipado al infractor y advertencias institucionales.
Por eso, lo extraordinario del caso español y lo inusual del episodio del presidente es que el anuncio no fue una filtración, sino un acto político deliberado, y que se hizo antes del acceso público a los datos completos. A esto se añade que no era un dato intrascendente, sino una cifra macroeconómica altamente sensible (afiliación a la Seguridad Social). Lo que explica que esta polémica haya saltado del plano periodístico nacional al ámbito europeo.
Las consecuencias legales que pueda tener a nivel europeo probablemente serán limitadas, ya que una sanción directa es muy improbable. El Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas y el Reglamento 2019/2152 no prevén multas automáticas a gobiernos por romper el embargo. La Comisión Europea no suele sancionar, salvo que haya manipulación sistemática, falseamiento de datos o interferencia reiterada en la independencia estadística. Por tanto, no es realista esperar una multa o procedimiento sancionador inmediato, pero sí son esperables algunas consecuencias institucionales, como una advertencia o apercibimiento formal por parte de la Comisión. Esta podría emitir una comunicación de reproche, una recomendación o pedir explicaciones formales por escrito.
Esto podría derivar también en restricciones al acceso previo de miembros del Gobierno a ciertos datos y en controles más estrictos sobre quién conoce las cifras antes de su publicación. Incluso sin sanción, el coste es reputacional e institucional, algo que la Comisión Europea considera relevante, aunque no punible.
Al margen de este escándalo, ya de bastante gravedad por sí mismo, el dato no es tan positivo como parece; tras esa cifra de la camiseta hay bastante que matizar. De entrada, la fuente oficial, que es la Estadística de Afiliación, publica cada mes la afiliación media y la afiliación a último día del mes. Cuando se menciona “22 millones”, se está haciendo referencia a la afiliación media mensual. Por tanto, si, por ejemplo, hacia el final del mes se hubieran producido despidos, este número sería inferior. Por ello, el dato más fiable es el de cierre para reflejar el número de afiliados en ese momento. No son 22 millones de personas trabajando a la vez. La cifra se refiere a afiliaciones, no a “empleos a tiempo completo” ni a “personas distintas”. Es decir, una persona pluriempleada cuenta como dos afiliaciones. Y reúne además todo tipo de jornadas y contratos, incluyendo los regímenes General, Autónomos, Agrario, Hogar y Mar.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las afiliaciones en el Régimen General, el 58% es bajo la modalidad de contrato fijo a tiempo completo, siendo el resto fijos a tiempo parcial, contratos temporales o fijos discontinuos. En la nota de prensa del propio Ministerio se enfatiza que gran parte del crecimiento en afiliaciones se debe a trabajadores extranjeros, que se sitúan en 3.151.563, lo que supone 230.358 más que el año anterior y representa el 14,4% del total. La actividad donde más se incrementan las afiliaciones es el sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, que crece un 7,7%.
Esta misma nota de prensa finaliza enfatizando la mejora de la calidad del empleo: “El peso de los trabajadores temporales se encuentra en el 11,6%, frente al 29,8% que suponía en marzo de 2019”. Lo cual es una mejora, pero también oculta que ha cambiado la ley, ya que en la práctica gran parte del trabajo temporal que antes se contrataba con contratos temporales ahora debe hacerse como fijo discontinuo. La reforma laboral de 2021 (Real Decreto-ley 32/2021) cambió las reglas de contratación y limitó el uso del contrato temporal, obligando a que muchas actividades temporales pasasen a ser indefinidas, pero con prestación intermitente, lo que se denomina fijo discontinuo.
También hay que considerar la tasa de pluriempleo, que en la actualidad en España supone un 2,8% del total de trabajadores. En 2025 alcanzó su máximo histórico con un total de 632.800 personas. Es importante, por tanto, ver el número de ocupados reales (Encuesta de Población Activa), porque mide personas trabajando, no puestos. Las cifras de la EPA, según el último dato de marzo de 2026, muestran que hay 2,42 millones de personas en paro registrado. Según los últimos datos de Eurostat de febrero de 2026, la tasa de desempleo en España era del 9,8%, cifra superior a la media europea, que es del 5,9%.
Pero, más allá de las cifras, es importante analizar cómo ha evolucionado el mercado laboral español en cuanto a la calidad del empleo y sus condiciones, especialmente si se compara con el contexto europeo. España ha sido históricamente el país con más empleo temporal de la UE. Antes de la reforma laboral, la tasa de temporalidad se situaba en torno al 26–27%, frente a aproximadamente el 13% en la UE. Tras la reforma de 2021-2022 hay una fuerte caída de la temporalidad, pero en gran parte debido a la creación de la figura del fijo discontinuo. La reforma ha convertido muchos contratos temporales en indefinidos o fijos discontinuos, mejorando la estadística, pero la estabilidad real depende de la duración efectiva de las relaciones laborales. España sigue por encima de la media europea en temporalidad, lo que se explica en gran medida por el alto peso de la hostelería y el turismo en el empleo y en la economía.
En cuanto al trabajo a tiempo parcial, España tiene menos empleo a tiempo parcial que la media de la UE, pero más de carácter involuntario (personas que querrían trabajar más horas). En la UE, el trabajo parcial suele ser más “voluntario” (conciliación, estudios, etc.); en España está más ligado al subempleo. El propio Banco de España, en sus informes, destaca que, aunque en los últimos años ha bajado la temporalidad, persisten altas tasas de rotación y un gran número de empleos de corta duración, especialmente en servicios y hostelería.
España, además, tiene otro grave problema en su mercado laboral que una cifra de 22 millones de afiliados no puede ocultar: la alta tasa de desempleo juvenil, ya que la tasa de paro en menores de 25 años es del 25%, mientras que la media de la UE es del 15%. También existen problemas para encontrar empleo en los mayores de 55 años: según el dato más reciente, la tasa de paro en este tramo de edad se sitúa en un 12%, frente al 5% de media en la UE. A esto se suma la gran desigualdad en cuanto a empleo entre distintas comunidades autónomas, ya que la tasa de paro puede situarse entre el 7% en comunidades con más empleo, como Madrid o el País Vasco, y el 14% en Andalucía o Extremadura.
Por lo que, más allá de las presentaciones orientadas al impacto en redes sociales, la realidad muestra que la situación del trabajador en nuestro país no es tan positiva.
