Seamos realistas y vayamos al grano: a estas alturas cualquiera que haya investigado un poco acerca de la Agenda 2030 ya sabrá que este compendio de proyectos del que políticos y multinacionales no paran de hablar no es más que un conjunto de intereses siniestros que buscan favorecer a un minúsculo porcentaje de la población a costa del expolio de la mayoría restante. Viendo algunos de los puntos de dicha agenda una de las cuestiones que se nos puede venir rápidamente a la cabeza es el agua, no por nada en varios de estos puntos el agua desempeña un papel fundamental. 

Hablamos de un recurso imprescindible para la vida, ya no solo por el consumo directo humano, animal o vegetal, sino también porque sin su uso no podrían desempeñarse las actividades de la agricultura o la ganadería. Del agua depende también la propia industria, la cual necesita de este recurso para diversos usos que podrían ser desde refrigeración hasta consumo activo para generar vapor de agua. El agua funciona también como generador natural de energía mediante los saltos de agua o a través del uso de molinos o turbinas movidos por el movimiento natural del cauce fluvial. Vista la cantidad de usos de este recurso primordial es inevitable pensar en los intereses lucrativos que genera, pero también en la necesidad de defender su uso de forma pública y universal.

En España la guerra por el control del agua ya está presente y, lamentablemente, la estamos perdiendo. El uso y control de los recursos hídricos en España por parte de sus habitantes se remonta a hace más de 2000 años, durante los cuales se han creado e ido moldeando entornos para el uso agrario y ganadero de los habitantes. Detrás del milenario uso de canales y acequias para el cultivo hay toda una tradición que lleva dando de comer a las familias desde los tiempos de la antigua Roma. El uso y consumo del agua ha sido un derecho no escrito de los habitantes de la península desde antes de que España fuese España; sin embargo, ese derecho está ahora por primera vez en grave peligro.

Las ONG de carácter ecologista afirman que este uso del agua perjudica gravemente a los acuíferos y señalan por encima de todo a las actividades agropecuarias como principales responsables del daño a estos. Colectivos de agricultores, sin embargo, afirman que estas ONG no son más que una herramienta más para beneficiar a multinacionales interesadas en los terrenos agrícolas y en el acceso a las fuentes hídricas de estos. Señalan además que desde estos grupos se presiona al Gobierno para que legisle de manera perjudicial para el agricultor con la excusa del conservacionismo. Un ejemplo de esta legislación es el Decreto de sequía mediante el cual, en caso de escasez de agua, se aparta el uso agrario; sin embargo, no se incluyen otro tipo de actividades como las empresas de energía o las industrias de bienes de consumo. Empresas como Iberdrola o Endesa se ven altamente beneficiadas por esta legislación.

El caso más notable a la hora de analizar estos hechos es el de Doñana. Las acusaciones desde las ONG sobre la sobreexplotación del acuífero van dirigidas especialmente al sector agrícola de Huelva, en concreto a los pequeños agricultores. Lo llamativo del tema es que estas ONG no señalan el uso que hacen empresas como Coca-cola de los recursos hídricos de Doñana. Coca-cola (que dispone de una finca de gigantescas dimensiones en Doñana) no sólo usa estos recursos para el embotellamiento de sus productos, si no que además dispone de su propio uso para cultivo de frutos rojos. El uso del agua por parte de Coca-cola, al considerarse de carácter industrial y no agrario, no se incluiría al aplicar ciertas leyes relacionadas con la sequía. Este hecho beneficiaría a la multinacional respecto a los pequeños agricultores.

Todo parece indicar que detrás del acoso y derribo constante hacia las pequeñas explotaciones y las explotaciones familiares respecto al uso del agua hay todo un entramado que atiende únicamente a ampliar los beneficios de grandes multinacionales que se ven en clara ventaja a la hora de hacerse con los recursos del agua. De ser así estaríamos caminando hacia un escenario en el que el acceso al agua en España dependería de estas empresas. En semejante escenario los espacios agrícolas pasarían a ser víctimas de los caprichos de la Coca-cola, Endesa o Blackrock de turno, y por tanto los precios tanto del agua para el consumo propio como de otros recursos básicos como los alimentos, que dependen totalmente de los recursos hídricos, se verían completamente afectados por la influencia de las codiciosas juntas directivas de estas multinacionales.