Una vez más, Pedro Sánchez da la callada por respuesta. En esta ocasión, ante la declaración a la que fue requerido por el juez Peinado como testigo sobre los hechos investigados en relación con el presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios que afectan a su mujer, Begoña Gómez. El presidente se ha acogido a su derecho de no declarar para no perjudicar a su cónyuge, recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

De este modo, Pedro Sánchez vuelve a evitar dar explicaciones sobre un tema que ha causado cierta alarma social. No declarar para no perjudicar a su esposa hace suponer que pueda haber algo que podría perjudicarla.

La abogada de la acusación particular ha declarado que la ley le dispensa solo de declarar contra su esposa, no contra los otros dos investigados, Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, lo que, según ella, «podría tener consecuencias».

Por otro lado, parece que Sánchez ha aplicado la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, y, de este modo, se ha querellado por medio de la Abogacía del Estado contra el juez instructor por supuesta prevaricación. Se basa para ello en el hecho de que Peinado no haya argumentado los motivos para no permitirle declarar por escrito.