El jueves 21 de marzo, la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Tamara Capeta, de nacionalidad croata, solicitó la anulación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos.

La abogada argumenta que, aunque exista un acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, debería anularse el acuerdo pesquero, ya que en el tratado de comercio se trata de manera separada el territorio del Sáhara Occidental, incluyendo sus aguas adyacentes, y Marruecos.

Añade que el hecho de que en el acuerdo no se considere a Marruecos y a Sáhara Occidental (y sus aguas) como «separados y distintos» viola el principio de autodeterminación. Además, esta falta de diferenciación podría afectar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a disfrutar y beneficiarse de sus recursos naturales, incluidos los pesqueros. 

En esta misma revisión del acuerdo comercial, Tamara Capela ha pedido que los productos agrícolas como melones y tomates originarios del Sáhara Occidental incluyan en su etiquetado una mención explícita de su «país de origen»  y no de Marruecos. Basa su solicitud en la necesidad de proporcionar información «correcta, neutral y objetiva» en el etiquetado de los productos alimenticios con el fin de que el consumidor esté correctamente informado.

Según la Abogada General, la falta de mención del territorio del Sáhara Occidental como país de origen de los melones y los tomates puede llevar a inducir a confusiones o errores a los consumidores de la Unión en sus decisiones de compra. Indicando además que la normativa de la Unión sobre el etiquetado de los productos alimenticios tiene como objetivo específico evitar que el etiquetado dé la impresión de que un producto alimenticio procede de un lugar distinto de su verdadero lugar de origen. La ausencia de esta indicación entraría en conflicto además con la posición mostrada por la Unión en el territorio del Sáhara Occidental.  

Por lo que al margen de la defensa del consumidor y la legalidad o no del acuerdo pesquero, estas dos peticiones sirven para reafirmar el punto de vista de la UE sobre la autodeterminación e independencia del Sáhara Occidental, indicándose literalmente en el informe que “la Unión Europea y la comunidad internacional consideran que el territorio del Sáhara Occidental goza de un estatuto separado y distinto del de Marruecos”.

Esta solicitud, debe parte de sus orígenes a algunos hechos previos como el caso iniciado en Francia por el sindicato de agricultores (Confédération paysanne), que pidió al gobierno francés la prohibición de importar melones y tomates originarios del territorio del Sáhara Occidental debido a que, a su juicio, su etiquetado era engañoso al indicar que eran originarios de Marruecos.  El caso fue llevado a las autoridades de la UE, concluyéndose que las normas de la Unión no permitían a las autoridades francesas prohibir unilateralmente estas importaciones.

También la organización Western Sahara Resource Watch (WSRW), que investiga y denuncia las empresas y gobiernos que trabajan para los intereses marroquíes en el Sáhara Occidental, en repetidas ocasiones ha enviado cartas a las autoridades de la UE sobre temas de etiquetado usando un argumento similar al usado por Tamara Capeta.

En 2021, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) aceptó dos recursos de nulidad del Frente Polisario sobre los acuerdos comercial y pesquero, al considerar que debieron ser avalados por la organización saharaui. La Comisión y el Consejo Europeo recurrieron la decisión del TGUE, alegando que el Polisario no estaba legitimado para representar al pueblo saharaui en tribunales internacionales.