La subida de las pensiones es una baza política, pero tiene consecuencias indeseadas, como el pago de medicamentos antes exentos o un mayor impacto del IRPF. En 2026 se elevaron las pensiones en tramos variables, con una subida general del 2,7%; las pensiones mínimas aumentaron un 7%, según modalidad, y las no contributivas, un 11,4%. De esta manera, la pensión máxima mensual, en un supuesto de 14 pagas, sería de 3.359,60 euros; la mínima, en torno a 1.250 euros; y una no contributiva, de 628,80 euros. Estas subidas son siempre bien recibidas y, supuestamente, sirven para adaptarse a un entorno inflacionario.
El problema es que, con estas subidas, muchos pensionistas deben comenzar a pagar medicamentos de los que antes estaban exentos. En 2026, los jubilados en España siguen sujetos al sistema de copago farmacéutico, con topes mensuales según renta, mientras que las pensiones —mínimas, medias y máximas— han sido revalorizadas conforme al IPC. El copago de medicamentos funciona por tramos de renta, con límites mensuales. Así, las rentas inferiores a 18.000 euros anuales pagan el 10% del precio del medicamento y nunca abonarán más de 8,23 euros al mes. Las rentas entre 18.000 y 100.000 euros también pagan el 10%, pero su tope mensual es de 18,52 euros. Las rentas superiores a 100.000 euros anuales deben abonar el 60% del precio del medicamento y su tope mensual está en 60 euros. Los jubilados con pensiones no contributivas no tienen que pagar nada y están exentos del copago farmacéutico. Todo esto se controla a través de la receta digital.
La cuestión es que el límite de renta para estar exento del copago, fijado en 11.200 euros anuales, no se actualiza desde 2012, por lo que cada vez más pensionistas deben pagar, incluso quienes cobran la pensión mínima. Ya que el sistema de copago se basa en los datos del IRPF del último ejercicio, cualquier subida de ingresos —incluida la de las pensiones— puede desplazar a un pensionista a un tramo superior de aportación. La Seguridad Social, de la que dependen las pensiones, no fija los porcentajes del copago, ya que esto depende del Ministerio de Sanidad. Pero, además de no haberse actualizado los tramos de IRPF que determinan el pago o no pago de medicamentos, tampoco se han actualizado los topes de pago mensual desde 2016, aunque, según la ley, deberían revisarse conforme al IPC. Por tanto, cada vez más pensionistas deben pagar copago, quedando exentos solo quienes cobran menos de 800 euros mensuales, mientras que la mayoría de los pensionistas con prestación mínima están por encima de ese umbral.
Esto ha provocado que, en muchas farmacias, los jubilados hayan descubierto de repente que deben pagar por tratamientos que antes tenían cubiertos. De esta situación se hacen eco algunos farmacéuticos, que ven incrementos en la aportación y sorpresas inesperadas entre pensionistas en el mostrador por subidas repentinas en los importes a pagar, con la consiguiente confusión y una cierta presión añadida en las farmacias. Entre las situaciones más habituales están la necesidad de explicar los cambios en el copago, la molestia y el enfado por parte de los pensionistas y un incremento de consultas sobre precios y medicamentos alternativos.
El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF) ha emitido en los últimos años varias declaraciones oficiales alertando sobre el impacto del copago farmacéutico en los jubilados, denunciando inequidades y reclamando reformas. Sus posicionamientos oficiales han incidido reiteradamente en tres puntos clave: el copago afecta más a los pensionistas con menos recursos, provoca abandono de tratamientos y requiere una actualización urgente. Este primer aspecto es el más crítico, ya que el CGCOF advierte de que, si se incrementa el copago, aumenta el riesgo de que los pensionistas con bajas rentas abandonen tratamientos, especialmente en el caso de enfermedades crónicas. Se observa una relación directa entre el abandono total o la pérdida del patrón correcto de medicación y el aumento del gasto directo del paciente, por lo que los farmacéuticos piden “garantizar que nadie deje un tratamiento por motivos económicos”. También se han mostrado especialmente críticos con el hecho de que los límites de renta no se hayan actualizado desde 2012, algo que no refleja la situación económica actual y que genera una situación en la que pensionistas que antes estaban exentos ahora pagan, aunque su poder adquisitivo no haya mejorado. Por ello piden eliminar el copago para pensionistas vulnerables y con rentas bajas, establecer un sistema más equitativo, que no dependa de umbrales desfasados, y garantizar homogeneidad entre comunidades autónomas para evitar desigualdades.
Por otra parte, los distintos colegios de farmacéuticos de diferentes provincias han recordado oficialmente que las farmacias no fijan ni los porcentajes ni los límites. El farmacéutico solo aplica el TSI (Tramo de Situación Individual) que marca el INSS y piden que no se responsabilice a las oficinas de farmacia de decisiones administrativas. La respuesta del Gobierno a este problema es lenta y llega ya con retraso. En principio, esta situación estaría incluida en el anteproyecto de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, presentado por el Ministerio de Sanidad en abril de 2025 y aún pendiente de aprobación parlamentaria. El Ministerio pretende incluir en esta nueva ley un sistema más progresivo de aportación, en el que se establezcan nuevos tramos para rentas altas y medias y se fijen nuevos límites de gasto mensual por medicamento según dichos tramos. Hasta 9.000 euros, el nuevo tope sería de 8,27 euros; de 9.000 a 18.000 euros, el tope sería de 18,52 euros; y de 18.000 a 35.000 euros, el nuevo tope estaría en 61,75 euros. Pero, si no se establecen pronto, pueden nacer ya obsoletos si vuelven a incrementarse las pensiones y siguen subiendo los precios de los medicamentos.
La subida de las pensiones, además de esta situación con los medicamentos, ha tenido otro efecto indeseable: el IRPF. La revalorización anual de las pensiones, vinculada al IPC, está produciendo saltos de tramo fiscal que hacen que miles de pensionistas paguen más impuestos o reciban menos devolución en la declaración. El incremento de las pensiones para 2026 ha afectado a 9,3 millones de pensionistas y la Seguridad Social ajustará las retenciones. Las pensiones son consideradas rendimientos del trabajo, lo que significa que pagan IRPF igual que un salario. Por tanto, si la pensión sube, puede subir también el tipo de retención. Un simple incremento mensual puede mover al pensionista a un tramo de IRPF más alto, generar retenciones insuficientes y, por tanto, provocar pagos adicionales al hacer la declaración. Por ejemplo, pensiones medias en torno a 1.400 euros al mes pueden pasar del primer al segundo tramo, o incluso al tercero.
Y aunque luego pueda haber devoluciones al hacer la declaración del IRPF, en muchos casos suben las retenciones. Por tanto, las retenciones del IRPF están absorbiendo buena parte de la subida de las pensiones. Incluso las pensiones bajas verán una mejora drásticamente reducida al aplicarse estas retenciones. A ello se suma un contexto muy inflacionista, en el que el coste medio de la cesta de la compra no deja de subir. Por eso, la tan cacareada subida de las pensiones podría no estar mejorando realmente el nivel de vida de una parte importante de los jubilados.
