Hablando ayer mismo con un amigo en Bélgica, un amigo checo, comentó lo bien que iba España. La mencionó como una excepción en Europa, destacando los maravillosos datos macroeconómicos de nuestro país y el importante papel de Pedro Sánchez como bastión de paz y civismo en una Europa belicista y en declive económico. Y, como es de esperar, mi primera reacción fue de estupor, de una profunda sorpresa ante la clara oposición entre la realidad que viven muchos españoles y la imagen que el Gobierno se esfuerza en proyectar hacia el exterior.
Esta contradicción me llevó a pensar en lo fácil que resulta moldear la realidad para construir un relato que convenga a quien lo elabora. Y es que no hace falta mentir en los datos ni inventárselos. Ni siquiera es necesario recurrir a la manida desinformación. La UNESCO define la desinformación como la “información falsa que se crea deliberadamente para causar daño a una persona, grupo, organización o país”. Sin embargo, la desinformación institucional no siempre consiste en falsear datos.
Se puede recurrir a ella de forma mucho más sutil. Igual que en periodismo se enseña que la objetividad empieza a perderse en el mismo momento en que se decide tratar un tema y no otro, algo similar ocurre con los datos: la decisión de qué indicadores publicar, cómo medirlos o con qué compararlos puede alterar profundamente la percepción de la realidad.
Las cifras del paro son uno de los escenarios donde más fácilmente puede observarse esta manipulación del relato a través de los datos. Las estadísticas pueden utilizarse para justificar argumentos o para legitimar normas, decretos y decisiones políticas. Otra forma de manipulación consiste en bautizar determinadas realidades con nombres que sugieren algo distinto de lo que realmente representan.
Un ejemplo es el término “fijo discontinuo”, un concepto que ha adquirido un protagonismo notable tras la última reforma laboral. Según publicó en febrero The Objective, entre 2015 y 2021 el porcentaje de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el total del empleo era inferior al 4%. Sin embargo, tras la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz, esta figura contractual se disparó: entre 2022 y 2025 estos contratos crecieron alrededor de un 70%.
En este caso, las cifras pueden resultar engañosas, porque un cambio tan brusco en los indicadores no vino acompañado de una transformación estructural equivalente del mercado laboral español. Lo que cambió fue, sobre todo, la arquitectura estadística de los contratos. La reforma laboral obligó a muchas empresas a transformar contratos temporales en contratos fijos discontinuos. Cambiando el nombre, se maquilla una realidad que continúa existiendo, pero que ahora aparece de forma distinta en las estadísticas.
Las personas con contrato fijo discontinuo contabilizan como indefinidas durante el año en que se firma el contrato. Sin embargo, durante los meses en los que están inactivas no figuran en las bases de afiliación a la Seguridad Social. Es decir, ya no aparecen como contratos temporales, lo que contribuye a reducir artificialmente las tasas de temporalidad mientras la discontinuidad del empleo sigue presente en la práctica.
Y es inevitable hablar también del CIS, del famoso CIS de Tezanos. Sus encuestas han sido objeto de numerosas críticas por resultados que en ocasiones difieren notablemente de los resultados electorales posteriores. Los responsables del organismo suelen defenderse señalando que la metodología utilizada cumple con los criterios estadísticos adecuados. Y es posible que, desde el punto de vista técnico, muchos aspectos del procedimiento sean correctos.
Pero, una vez más, la cuestión no siempre está en si la encuesta está bien hecha en términos formales, sino en cómo se construye la muestra. Se pueden hacer correctamente muchas partes del proceso y aun así obtener resultados que no reflejen fielmente la realidad sin necesidad de incurrir en una manipulación flagrante.
Todos nos hemos sorprendido en algún momento al ver los resultados de las encuestas que publica el Centro de Investigaciones Sociológicas: intención de voto, valoración de líderes políticos o percepción de la situación económica. El CIS realiza encuestas con muestras amplias —en torno a 4.000 entrevistas por barómetro— que, en teoría, permiten obtener estimaciones fiables a nivel nacional.
Sin embargo, el problema puede aparecer precisamente en la representatividad de la muestra. La representatividad es un concepto técnico fundamental para entender por qué una encuesta puede ofrecer resultados discutibles aun estando correctamente diseñada desde el punto de vista formal. Toda muestra debe reflejar, en la medida de lo posible, la estructura de la población que pretende representar.
En el caso del CIS, esa población es el conjunto de personas mayores de 18 años residentes en España. Para que una muestra sea representativa, debería reproducir la distribución real del país en variables como edad, sexo, nivel educativo o comunidad autónoma.
Pero en las encuestas políticas existe además un elemento especialmente relevante: que la muestra refleje de forma razonablemente fiel el comportamiento electoral previo. Aquí es donde algunos analistas han señalado posibles desequilibrios. Al analizar el recuerdo de voto —es decir, a quién dicen haber votado los encuestados en las últimas elecciones— se observa que, en ocasiones, la proporción de personas que declara haber votado al PSOE es superior al resultado real obtenido por ese partido en las urnas.
Esto supone una sobrerrepresentación de determinados votantes dentro de la muestra, lo que puede influir en los resultados finales de la encuesta.
Sociólogos y politólogos también han señalado otro fenómeno relevante, relacionado con factores sociológicos más amplios. Se trata del sesgo de deseabilidad social, que describe la tendencia de las personas a dar respuestas que consideran socialmente aceptables o bien vistas, en lugar de expresar con total libertad su opinión real. En contextos de fuerte polarización política o presión social, algunos ciudadanos pueden sentirse incómodos declarando ciertas posiciones, lo que introduce nuevas distorsiones en los resultados de las encuestas.
