Juanma Moreno vuelve a presentarse como el dirigente moderado que ha dado estabilidad a Andalucía y ha alejado el ruido político de la gestión. Ese es el relato que ha logrado consolidar durante estos años, una imagen de normalidad institucional que contrasta con etapas anteriores más convulsas. Sin embargo, cuando se analiza con más detenimiento lo ocurrido en su legislatura, la sensación es bastante más ambigua y sin cambios de fondo en los problemas estructurales de la región.
Uno de los ámbitos donde más se percibe esta distancia entre discurso y realidad es la vivienda. Es cierto que el encarecimiento de los precios no es un fenómeno exclusivo de Andalucía, sino que responde a una tendencia general en España e incluso en Europa, pero eso no elimina la responsabilidad de la Junta en una materia en la que tiene competencias claras. Durante estos años, el acceso a la vivienda ha empeorado, especialmente en zonas como Málaga o Sevilla, donde alquilar o comprar se ha convertido en un reto cada vez mayor, sin que se haya producido un impulso significativo de vivienda asequible ni una intervención capaz de aliviar la presión del mercado, lo que ha dejado a buena parte de la población, especialmente a los jóvenes, en una situación cada vez más complicada.
La sanidad es otro de los grandes focos de debate. Las listas de espera siguen siendo una de las principales preocupaciones, con retrasos en pruebas diagnósticas y en la atención especializada que han generado malestar entre los usuarios. A esto se suma una saturación del sistema y falta de personal, junto con un mayor recurso a la sanidad privada en determinados casos. En este contexto, también han generado una fuerte polémica los problemas en los programas de cribado, especialmente en el caso del cáncer de mama, donde miles de mujeres no fueron citadas a tiempo para sus pruebas, acumulándose retrasos de meses que pusieron en riesgo la detección precoz y desataron un escándalo sanitario de gran repercusión.
En el plano económico, Andalucía continúa ocupando posiciones rezagadas en comparación con otras regiones españolas. La renta per cápita sigue estando entre las más bajas del país y el desempleo continúa siendo estructuralmente elevado, lo que refleja que el modelo productivo apenas ha variado. De hecho, a finales de 2017 la renta per cápita andaluza representaba en torno al 75% de la media nacional y, según las estimaciones más recientes, esa proporción apenas ha cambiado y se mantiene en cifras similares en la actualidad, lo que evidencia la falta de convergencia real con el conjunto de España.
Por último, el Gobierno andaluz del PP ha mantenido políticas en ámbitos como el feminismo o los programas dirigidos a colectivos LGTBI, así como su participación en el sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados ( MENAS), en línea con las fuerzas «progresistas». Estas decisiones han generado críticas en el electorado más conservador y han puesto de manifiesto ciertas tensiones dentro de su propio espacio político, al percibirse como una continuidad respecto a políticas que ya venían aplicándose en etapas anteriores bajo los gobiernos del PSOE. En esa misma línea, también se ha mantenido el énfasis institucional en figuras como Blas Infante como referente andaluz, lo que genera una gran polémica al tratarse de un personaje histórico destacado por su carácter islamista y su odio a España.
En conjunto, la legislatura de Juanma Moreno deja una idea clara: estabilidad institucional y ausencia de grandes sobresaltos, pero sin una transformación real de los problemas que arrastra Andalucía desde hace décadas y que la siguen situando entre las regiones más pobres de Europa.
