Sorpresa entre los trabajadores penitenciarios ante la orden del Gobierno de facilitar regularización extraordinario de inmigrante reclusos, lo que podría llevar a una huelga
Este mes de Abril la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha emitido instrucciones sin precedentes para integrar a la población reclusa extranjera en el proceso de regularización extraordinaria. Esta medida busca evitar que internos que cumplen su condena salgan a la calle en situación de irregularidad, lo cual se considera una barrera crítica para su reinserción.
Este anuncio se ha recibido con sorpresa por parte de los funcionarios de prisiones, y aunque es la primera vez que se da una situación similar. Lo cierto es que la normativa general garantiza a los extranjeros en prisión los mismos derechos, sin discriminación, según la Instrucción 3/2019 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
La regularización extraordinaria, aprobada en abril 2026, busca dotar de seguridad jurídica a los migrantes y cuenta con un plazo limitado hasta el 30 de junio de 2026.
El proceso de regulación requerirá de ciertos pasos y trámites. De entrada, las Instituciones Penitenciarias facilitara la identificación de internos extranjeros que cumplen los requisitos para la regularización extraordinaria.
Los presos en régimen de presión preventiva (sin sentencia firme) son los principales candidatos, ya que el proceso exige carecer de antecedentes penales, como indica el decreto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y hasta que no se resuelva el juicio técnicamente no se tienen antecedentes penales, aunque se esté en prisión preventiva. Son el colectivo principal que puede acogerse, ya que técnicamente carecen de antecedentes penales firmes mientras esperan juicio
En las instrucciones enviadas por el Ministerio de Interior al personal de prisiones se indica claramente que los internos tienen derecho a tramitar la renovación de sus pasaportes y permisos de residencia. Y debe permitirse la salida del centro para gestionar documentación si no puede hacerse de otro modo.
Y la realidad en las cárceles españolas es que hay una alta presencia de extranjeros, ya que representan más del 30% de la población reclusa en España, superando las 15,000 personas. La mayoría de estos internos proceden de Marruecos y Argelia.
Los directores de los centros penitenciarios tienen la orden de informar proactivamente a los internos sobre los trámites de amnistía administrativa y facilitarles la obtención de documentos «a la mayor brevedad». Y además deberán ofrecer apoyo logístico, que incluirá apoyo lingüístico y asistencia técnica para que los internos puedan completar sus solicitudes antes de la fecha límite del 30 de junio de 2026.
Se ha ordenado la creación de un registro específico de internos solicitantes para monitorizar sus expedientes y agilizar la coordinación con las oficinas de extranjería.
El decreto exige explícitamente carecer de antecedentes penales en España y en sus países de origen durante los últimos cinco años. Por lo tanto, quienes ya cumplen una sentencia firme por delitos graves o reincidencia tienen vedado el acceso a este permiso.
Pero esto tiene ciertos matices. Si una persona está cumpliendo una pena, significa que sus antecedentes penales están activos, por lo que no cumple los requisitos para conseguir la nacionalidad. Pero sí que podría obtenerla una vez cumpla su condena. Por lo que aquellos que estan a punto de acabar la condena podrían acogerse a esta medida. Una vez cumplida la condena, pueden solicitar la cancelación de antecedentes penales con unos plazos de 6 meses a 10 años según el delito. Tras la cancelación, sí puede solicitar nacionalidad o regularización, si cumple el resto de los requisitos.
Algunos teóricos defienden esta medida de que tanto los presos en preventiva (con total derecho a la regulación) y los que cumplan su pena (según los casos) tendrá unas consecuencias muy positiva, apoyándose en que facilita la reinserción. Ya que, al salir de prisión con un permiso de residencia y trabajo válido por un año, supuestamente se reduce la probabilidad de reincidencia ligada a la exclusión social y económica.
Pero este optimismo no es compartido por la oposición, siendo una medida que el PP la califican de «gravísima».
Pero uno de los colectivos más críticos son los sindicatos de prisiones, principalmente TAMPM (Tu Abandono Me Puede Matar”) uno de los sindicatos mayoritario entre los funcionarios de prisiones que critican que se prioricen estos trámites frente a otras reclamaciones laborales del sector.
Ante la regularización extraordinaria las críticas se enfocan en la carga burocrática adicional y la falta de medios, denunciando que se prioricen los derechos de los internos sobre las condiciones laborales de los funcionarios.
Esta queja además se une a que llega en un momento en que ya existían otros claros problemas entre el personal de prisiones. Las principales quejas de los trabajadores se centran en las faltas de medios y personal. Pero hay otras demandas que llevan largo tiempo planteándose, estando aun sin resolución entre ellas y que se agravan con el proceso de regularización. Destaca el reconocimiento como «Agentes de Autoridad”. Es la demanda estrella. Los trabajadores exigen una reforma inmediata de la Ley Orgánica General Penitenciaria para que los funcionarios tengan la misma protección jurídica que un policía o un guardia civil.
Sostienen que además ahora el proceso de regularización genera tensiones en los módulos entre quienes cumplen requisitos y quienes no, aumentando el riesgo de agresiones. Otra petición es la actualización de las Retribuciones (Brecha Salarial), exigiendo los sindicatos la eliminación de las diferencias salariales entre los funcionarios que trabajan en distintas comunidades autónomas (especialmente comparado con Cataluña, que tiene las competencias transferidas y salarios en torno a los 300 o 400 euros por encima)
Tambien se pide una mejor definición o la creación de una Carrera Profesional. Actualmente, el sistema de promoción interna en prisiones es muy rígido. Por lo que se exige un marco que valore la antigüedad, la formación específica en extranjería (ahora requerida de facto por la regularización) y el desempeño, con sus correspondientes pluses económicos.
Otro aspecto que lleva tiempo vigente es la cobertura de Vacantes Críticas. Denunciándose que hay más de 3.000 plazas presupuestadas, pero sin cubrir.
Hasta organizaciones como CCOO y UGT denuncian que las administraciones, incluidas las prisiones, no cuentan con los recursos técnicos ni humanos necesarios para gestionar el volumen de solicitudes. Se ha llegado a exigir un refuerzo del 30% en las plantillas para evitar el colapso del sistema.
Ante lo que consideran una imposición sin recursos, algunos sindicatos han planteado o iniciado huelgas indefinidas en sectores clave como las oficinas de Extranjería y han advertido de movilizaciones en centros penitenciarios si no se aprueban partidas para cubrir las demandas.
