El pasado lunes 8 de abril Pedro Sánchez en una visita a Sevilla anunció el fin de los visados de Oro «Visa Gold». En sus propias palabras, buscan «eliminar la concesión de la Golden Visa que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles y vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo».

Presentan esta medida como una solución para los problemas de la vivienda en España, que ha sido señalada como insuficiente frente a una panorama en el que hay más demanda que oferta de viviendas tanto de alquiler como de compra y donde los precios ocupan la parte mayoritaria o incluso la totalidad del salario medio español.

De entrada, el cuestionamiento de esta medida ya se había planteado en el Parlamento Europeo en la sesión del 6 de marzo  en el que los  eurodiputados aprobaron un informe de iniciativa legislativa pidiendo a la Comisión que presente una propuesta para prohibir los pasaportes dorados «Visa Gold». Los eurodiputados indicaron que los programas de «ciudadanía por inversión», que otorgan a nacionales de terceros países derechos de ciudadanía a cambio de una cierta cantidad de dinero, alteran la esencia misma de la ciudadanía de la Unión, por lo que reclaman que estos regímenes vayan desapareciendo gradualmente.  Probablemente esta medida llegará a cuajar, y Sánchez solo ha aprovechado para adelantar el anuncio de una medida que la UE acabará imponiendo como propia.

Los visados de oro fueron implantados por Mariano Rajoy en el año 2013.  El objetivo  que tenían este tipo de visados era, teóricamente, reactivar la inversión extranjera.  Se pretendía atraer grandes capitales mediante el incentivo de obtener el permiso de residencia de una manera fácil y rápida.  Estos visados no se consiguen sólo por la adquisición de un inmueble de más de medio millón de euros. La también contemplaba la concesión por la compra de acciones, la contratación de un depósito bancario de más de un millón de euros, la inversión de más de dos millones en deuda pública española o la inversión en un proyecto empresarial en España.

Un estudio de Transparencia Internacional analizó que de los algo más de 6.000 visados concedidos a inversores entre los años 2013 y 2023, un 96,2% fueron otorgados por la compra de bienes inmuebles. Por tanto, la realidad es que esta medida no ha sido muy exitosa como factor de atracción de capitales e inversión, sino que ha sido utilizada principalmente para la compra de inmuebles de lujo por ciudadanos ricos extracomunitarios. Según la misma fuente, los más beneficiados por estos visados fueron ciudadanos de China y Rusia.  Portugal también inició medidas de este tipo obteniendo resultados algo más positivos ya que fueron acompañadas de medidas fiscales (lo que no ocurrió en España). 

En todo caso, este tipo de compras solo supusieron el 1% de las viviendas compradas por extranjeros. En España es perfectamente legal que una persona extranjera adquiera una vivienda, pues el único requisito es disponer de un  número NIE (el número de identificación asignado a los extranjeros en el país para realizar cualquier tipo de trámite legal). Según los datos del Colegio de Registradores de España en 2023 el 15% de todas las adquisiciones de viviendas en España fue realizado por extranjeros que no viven habitualmente en España y lo realizan como inversión o como compra de segunda residencia.

La prohibición de la Visa Gold pone freno a la «compra de permisos de residencia», pero no va a evitar que ciudadanos comunitarios o de otras nacionalidades puedan adquirir viviendas en España, y por el reducido número de adquisiciones que se hacen a través de esta medida, no tiene un impacto importante en el acceso a la vivienda de la población general. Sobre todo porque la medida sólo aplica a viviendas con un valor de tasación de 500.000 euros o más, pero nunca a varias viviendas que en suma lleguen a ese importe, lo que hace que el cliente promedio que acude a estas medidas diste mucho del trabajador medio. Esta es de corte populista y usa el eslogan «cómete al rico», generadora de titulares  pero totalmente inútil para resolver el problema de la vivienda en España.

Se necesitan soluciones reales y no titulares. Uno de los problemas principales es la falta de construcción de viviendas sociales, de precio tasado o de protección oficial tanto desde el gobierno como desde los ayuntamientos o Comunidades Autónomas. En el programa del PSOE para las elecciones de 2019 se incluía la promesa de construcción de 20.000 viviendas protegidas y la creación de un gran parque de alquiler público de precio asequible. Esta medida no parece haberse materializado. Además, también se ha incluido en el programa de 2023, ampliando la promesa hasta las 50.000 viviendas promovidas directamente por el Estado a través de la Entidad Pública Estatal de Suelo (Sepes) y la construcción de 63.000 viviendas con recursos de los fondos europeos adscritos al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La realidad es que España tiene uno de los parques de vivienda pública o social más pequeños de la UE. Según datos de Eurostat de 2020 el número de viviendas por cada mil habitantes en la media de la UE era de 3,8.   Hay países como Países Bajos en los que se llega a 12,5 o Austria con 10,3. España se sitúa en la posición 18, con solo 0,9 viviendas públicas por habitante, situándose en la cola de este ranking solo por delante de países como Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia o Rumania.

Tampoco se plantea si el problema de la vivienda en España viene provocado por el rápido crecimiento de las viviendas turísticas. Según el INE, en 2023 el número de viviendas turísticas en España era de 340.424.   En algunas comunidades autónomas como Canarias, Baleares o Valencia este tipo de viviendas puede suponer hasta el 4% del total del parque de viviendas registradas. Todo ello sin olvidar que el alquiler vacacional tiene bastante de irregular, por lo que habrá muchas más viviendas a las que se le dé uso turístico sin que consten oficialmente

La ley de vivienda aprobada en mayo 2023, que también se vendió como uno de los grandes logros del gobierno de coalición, tuvo unos efectos muy negativos ya que la oferta de alquiler habitual se redujo un 30,57%.  Las limitaciones que se pusieron sobre la construcción de vivienda nueva también afectaron muy negativamente a la construcción de nuevas promociones inmobiliarias, por el exceso de limitaciones.

La reducción de la oferta ha supuesto un incremento de precios en un mercado ya muy inflado. Esto es lo que ocurre cuando no se miden las consecuencias ni se hacen los pertinentes análisis de los efectos de una ley. 

Es también llamativo el alto número de viviendas compradas al contado, sin necesidad de hipoteca. Según el INE, entre enero y octubre de 2023 (último dato disponible), se vendieron en España 832.756 viviendas, de las que el 61% fueron compradas al contado. No deja de ser curioso que no se pueda hacer pagos en efectivo por más de 1.000 Euros desde julio de 2021 para evitar los fraudes fiscales, pero sí que se puedan pagar grandes cantidades de dinero al contado en compra de vivienda. Lo que aparte de ser un caldo de cultivo para el blanqueo de dinero, reduce la oferta y de nuevo permite el alza de precios de manera artificial.