El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (MEFPD) presentó el pasado 17 de enero un Proyecto de Real Decreto con el que, entre otras medidas, pretende eliminar la gratuidad de los cursos de acceso a los ciclos formativos de Grado Medio y Superior. 

También proponen desregularizar las condiciones mínimas de los centros que imparten Formación Profesional. Ello implicaría la posibilidad de utilizar instalaciones que no están preparadas para la enseñanza de determinados ciclos, ya sea por la falta de laboratorios, talleres o equipos informáticos, muy necesarios para poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos antes de realizar las prácticas en centros de trabajo.

Por el momento, las únicas comunidades en las que se deben pagar tasas para estudiar una FP pública son Madrid y Cataluña, aunque en el caso de la primera los cursos de acceso son aún gratuitos, mientras que en la segunda la matrícula para estos cuesta 240 euros. 

En los cursos de acceso se imparten los conocimientos necesarios para estudiar FP a las personas que no cumplen los requisitos necesarios para cursarla, por lo que es una opción muy interesante para reengancharse a los estudios. Según el informe «Panorama de la Educación 2023», elaborado por la OCDE, el 27% de la población española de entre 25 y 34 años no tiene un título de secundaria superior (4º ESO, FP Básica, Bachillerato y FP Media).

Las matriculaciones en Formación Profesional han crecido casi en un 50% en la última década, y en el curso 2023/2024 ya superan los 1,13 millones. Esto se debe a que supone una opción muy atractiva para los jóvenes, que se pueden formar para trabajar como especialistas de un sector concreto y tienen la posibilidad de continuar estudios universitarios después de adquirir una base teórico-práctica que no proporciona el Bachillerato.

Este crecimiento está sobrepasando a las administraciones públicas, que no son capaces de ajustar la oferta educativa con la demanda, tanto de los estudiantes como del mercado laboral. En el caso de la Comunidad de Madrid, según CCOO, 40.149 jóvenes se han quedado sin plaza de FP pública en este curso académico, mientras que han quedado 6.000 plazas vacantes en estudios con alta inserción laboral. De ahí la importancia de ofrecer una buena orientación en los institutos, con profesionales que conozcan las oportunidades de trabajo y sean capaces de evaluar las capacidades del alumnado, no solo para darles a conocer profesiones con poca visibilidad, sino también para recomendar las materias que más deben trabajar para sobresalir en el sector que elijan.

A las autoridades madrileñas les parece buena idea, al igual que se ha hecho con la educación universitaria dependiente del MEFPD, convertir a la FP en un negocio más. No hay dinero para crear plazas públicas, pero sí lo hay para subvencionar centros privados con becas de hasta 3.250 euros -la media de precios en la privada es de 3.500 euros por curso-, mientras que las tasas de la pública son de 400 euros. 

Generalmente, en ciclos con mucha demanda los jóvenes que acceden a la pública son los que más se esfuerzan, pero a la hora de conceder prácticas las empresas prefieren a los alumnos de la privada porque los centros les pagan, como ha ocurrido recientemente con las FP de Sanidad, en las que no pueden acabar sus estudios en la pública porque no les conceden las prácticas. La privatización de la educación, no como forma de ofrecer una mejor formación, es un hecho.