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El verdadero techo de cristal: un hogar en propiedad

En algunas provincias españolas se necesitan más de 13 años de salario íntegro para comprar una vivienda. Tener una casa en propiedad se ha convertido en un privilegio cada vez más condicionado por el lugar de residencia.

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En un país donde la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, acceder a una casa en propiedad sigue siendo una meta lejana para miles de familias trabajadoras. Durante años, comprar ha sido casi la única vía para lograr una vivienda estable, en un contexto donde el alquiler tampoco ofrece seguridad. Más que una elección, la hipoteca se ha convertido en una obligación para quienes no encuentran otra forma de asegurar un techo propio, con un coste que condiciona el presente y limita el futuro de quienes dependen exclusivamente de su salario.

Según los últimos datos del Banco de España, los hogares destinan de media un 34,4 % de sus ingresos al pago de la hipoteca. Sin embargo, este esfuerzo varía notablemente entre provincias. De acuerdo con el informe de Tinsa, en Baleares se dedica hasta un 67 % del salario mensual a la vivienda; en Málaga, un 58 %; y en Cádiz, un 43%. En cambio, en provincias como Cuenca o Teruel, el esfuerzo hipotecario se sitúa por debajo del 25 %.

Otro indicador clave es el número de años de salario íntegro necesarios para adquirir una vivienda de tamaño medio. Según un estudio conjunto de Fotocasa e InfoJobs, la media nacional se sitúa en 7,1 años. No obstante, en Baleares la cifra asciende a 13,5 años; en Madrid, a 12,2; y en Málaga, a 10,6. En contraste, provincias como Zamora (3,6 años) o Ciudad Real (2,8 años) exigen un esfuerzo mucho menor. Estas diferencias reflejan no solo el encarecimiento del mercado, sino también el impacto de factores como la presión turística y la especulación inmobiliaria.

El problema se agrava con la compra masiva de inmuebles por parte de fondos de inversión como BlackRock, que elevan los precios y transforman el mercado. En muchas zonas ya no se construye para habitar, sino para rentabilizar.

Las consecuencias son palpables: hogares hipotecados durante décadas, jóvenes que retrasan su independencia, y familias atrapadas en alquileres precarios. La vivienda, lejos de ser un derecho garantizado, se ha convertido en un bien inaccesible para buena parte de la clase trabajadora.

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