El Gobierno prepara un dispositivo urgente para trasladar a unos 500 menores especialmente vulnerables mientras Bruselas defiende la posibilidad de su retorno a Marruecos.
El Gobierno trabaja en un plan para trasladar a la Península a unos 500 menores migrantes que permanecen en Ceuta, ante la presión que soportan los recursos de acogida de la ciudad autónoma. La medida pretende dar una respuesta inmediata a los menores considerados más vulnerables y descongestionar los centros que actualmente se encargan de su atención.
Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia citadas por RTVE, la cifra ronda los 500 menores, aunque todavía no es definitiva. Otras informaciones publicadas este miércoles apuntan específicamente a unas 500 niñas. Ante esta diferencia, el Gobierno no ha cerrado todavía el número ni el perfil definitivo de todos los menores que serían trasladados.
La decisión llega en un momento de tensión entre las posiciones de España y Bruselas sobre qué hacer con los menores que permanecen en Ceuta. La Comisión Europea ha señalado que la normativa comunitaria contempla el retorno a Marruecos de las personas que se encuentran en situación irregular, incluidos los menores extranjeros no acompañados, siempre que se respeten las garantías legales y el interés superior del menor.
La situación en Ceuta se complicó tras la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. Desde entonces, los servicios de protección de menores de la ciudad han tenido que hacer frente a un volumen de llegadas muy superior a su capacidad habitual.
El Gobierno central y el Ejecutivo ceutí trabajan ahora en distintas alternativas para trasladar a los menores que presenten una mayor situación de vulnerabilidad. Entre las opciones se encuentra su acogida en recursos especializados de la Península, con la colaboración de organizaciones dedicadas a la protección de la infancia.
También se estudia un sistema para repartir la acogida entre las comunidades autónomas. El objetivo es evitar que toda la presión recaiga sobre Ceuta y garantizar que los menores puedan disponer de unas condiciones adecuadas mientras se resuelve su situación.
El anuncio del Gobierno se produce después de que la Comisión Europea se pronunciara sobre los posibles retornos a Marruecos. Bruselas considera que el marco europeo permite devolver a personas que se encuentren irregularmente en territorio comunitario, aunque el procedimiento debe respetar las garantías establecidas para los menores no acompañados.
La cuestión ha provocado críticas del Partido Popular, que reclama al Ejecutivo que priorice la reunificación familiar y el retorno cuando este sea legalmente posible. El Gobierno, por su parte, sostiene que la prioridad inmediata es garantizar la protección de los menores que se encuentran actualmente en Ceuta.
El traslado a la Península no significa, por tanto, que la situación de estos menores quede resuelta de manera definitiva. Su acogida deberá ir acompañada de la evaluación individual de cada caso y de las decisiones que correspondan sobre su futuro.
Por ahora, el Ejecutivo continúa trabajando en los detalles del dispositivo. La distribución de los menores entre las comunidades autónomas, los recursos disponibles y el calendario de los traslados serán los próximos pasos de una operación que vuelve a colocar la crisis migratoria de Ceuta en el centro del debate político español.
