El Supremo amenaza al gobierno si no entrega la lista de afectados por la «ley de nietos»

El Supremo, a través del abogado del Estado, ha exigido que el Gobierno entregue la relación nominal de 163.020 personas que obtuvieron la nacionalidad a través de la llamada «ley de nietos».

El plazo impuesto al Gobierno tiene como fecha límite el próximo 28 de octubre a las 15:00. En caso de no ser entregada, el Alto Tribunal se reserva el derecho de imponer una «multa coercitiva» por importe de 1.000 euros, repetible, y también de «exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder».

Esta decisión del Supremo no invalida el proceso por el que estas personas han conseguido la nacionalidad española. Lo que  sí hace, es congelar temporalmente sus derechos a ejercer el voto en las próximas elecciones del 29 de noviembre, a pesar de estar inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA).

Este requerimiento y la suspensión del derecho al voto tienen como origen las actuaciones de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente.

La señora Puente, que era directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública y amparada por las capacidades de su cargo, publicó una instrucción ampliando las nacionalizaciones de descendientes de españoles sin cumplir lo que originalmente promulgaba la ley. Presumiblemente, estas modificaciciones realizadas por la puerta de atrás, estarían auspiciadas por el PSOE, bajo la guía y batuta de Pedro Sánchez.

En su redacción original, la ley indicaba que solo aplicaría a aquellos que pudieran certificar que sus ascendientes fueron objeto de exilio «por razones políticas, ideológicas, o de creencia o de orientación sexual», entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Con su nueva instrucción, dejaba campo abierto para nacionalizar descontroladamente a millones de personas por el mero hecho de tener algún ascendiente español. De esta manera, disparaba las sospechas de que las cloacas del PSOE se movían para poder sacar rédito electoral, retorciendo y tergiversando el sentido de las leyes e intentando establecer una relación de servilismo político allende los mares.

Como consecuencia de esta instrucción, desarrollada a través de la Disposición Adicional de la Ley de Memoria Democrática, Sofía Puente fue acusada de relizar «ingeniería electoral» por diversos partidos de la oposición. Finalmente, la asociación Hazte Oír presentó una querella admitida a trámite en el Juzgado de Instrucción n.º 35 de Madrid, el cual apreció  «características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa».

Esta situación, junto con la falta de transparencia en los nombres y apellidos de estos 163.020 nuevos españoles, ha generado un mar de dudas. Todas estas personas se encuentran englobadas dentro de las más de 600.000 nacionalizaciones aprobadas hasta el 31 de agosto. El problema radica en que, al no estar identificados, podría darse el caso de que estuvieran inscritos en el censo y ejercieran el voto, contraviniendo, por tanto, la decisión judicial de suspensión temporal.

Las sospechas de falta de colaboración activa, o directamente de ocultación de estos datos por parte del Gobierno, son tan grandes que el propio Tribunal Supremo expresa su incredulidad por no disponer desde hace tiempo de esa información.

En la redacción del requerimiento presentado al Gobierno ya se deja entrever, por pura lógica, «que la Administración conoce perfectamente, porque ha tramitado y resuelto estos expedientes, la identidad de todas estas personas». Partiendo de este supuesto, el mismo escrito indica que «no se acierta a adivinar cuáles puedan ser las razones por las que no se haya facilitado a esta Sala la relación nominal de los electores, máxime cuando hay un proceso electoral convocado», alumbrando la sospecha de maquinación electoral por parte de Sánchez.

Mientras tanto, el ministro Albares ha tenido que reconocer que será «muy difícil» que los consulados tengan capacidad de cotejar toda la documentación. Determinar quiénes de esos 163.000 nacionalizados podrán ejercer su derecho al voto, ante un 29N que ya tenemos a las puertas, va a ser practicamente imposible por la cercanía de las elecciones.

Sin estos datos comprobados y corroborados, nadie puede asegurar al 100 % que el censo no sea irregular. Es por esta razón por lo que las actuaciones del Supremo son fundamentales. Sin ellas, la transparencia, objetividad y fiabilidad del proceso electoral quedarían en entredicho, con la sombra de un intento de pucherazo por parte del PSOE. El partido de Sánchez trata a toda costa de maquillar o mejorar unos resultados que, según todas las encuestas y a excepción del CIS de Tezanos, situarían al PSOE junto a sus adláteres en su peor suelo electoral desde el inicio de la democracia.

La pelea y las prisas del PSOE por nacionalizar y dotar de votos a nuevos españoles son claras: maquillar datos y evitar a toda costa que la coalición PP-VOX llegue a la barrera de los 210 escaños. Si la consiguieran, disponer de los tres quintos del hemiciclo dotaría a los partidos de la derecha con la capacidad para empezar a realizar grandes reformas constitucionales (si de verdad tuviesen la intención).

A pesar del hastío, las dudas e incluso el enfado que esta situación causa en la ciudadanía, que suma una más al montón de corruptelas existentes, la gran mayoría de los españoles tiene claro que una democracia como la nuestra no puede permitirse el lujo de poner en tela de juicio un proceso electoral y da por buenas y acertadas las decisiones del Supremo.

Como consuelo de toda esta situación queda patente, una vez más,  que el poder judicial no está totalmente colonizado. Esperamos que ejerceza como árbitro equilibrado, protegiendo el bien común de la ciudadanía y nuestra democracia.

A partir de aquí, la voz la tendrán los ciudadanos y podrán ejercerla el 29N. Veremos si finalmente el sanchismo cae y cuáles serán sus consecuencias.