El pasado 22 de marzo, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó el inminente cierre cautelar de Telegram a causa de una denuncia de Movistar, Mediaset y Atresmedia. Esta denuncia, se sustenta en la supuesta difusión de contenido sujeto a los derechos de autor de dichas productoras.
El juzgado central de instrucción nº 5 propuso esta medida como algo temporal mientras se lleva a cabo la investigación de los hechos alegando que es una medida “necesaria, idónea y proporcional”. Las autoridades intentaron en reiteradas ocasiones ponerse en contacto con Telegram para buscar una solución sin obtener ninguna respuesta por su parte. Además de lanzar una petición en Julio de 2023 para que las autoridades de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, país donde se encuentra la matriz de Telegram, facilitaran los datos de las personas que estaban compartiendo contenido protegido de manera ilícita.
Ante el evidente desdeño de Telegram y las autoridades del país del caribe a la fiscalía, el juez Pedraz decidió enviar un auto por el que dirige un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España para que suspendan los recursos asociados a Telegram con un plazo de 3 horas.
Ante la negativa de las operadoras de suspender los recursos asociados a telegram, la audiencia nacional ha rectificado esta medida declarando que es completamente desproporcionado e inviable cerrar una aplicación con 8’5 millones de usuarios en España según el portal de datos Statista por los intereses de las 3 principales productoras del país cuyas pérdidas económicas por este delito son en cuanto menos cuestionables.
En conclusión, Telegram no va a cerrarse por el momento, aunque seguiremos a la espera de una resolución a este problema.
