El 13 de enero, alrededor de las 10:30 de la mañana, un vehículo irrumpió a gran velocidad en una manifestación sindical en la ciudad alemana de Múnich, dejando al menos 28 personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Entre las víctimas hay varios niños.
El conductor, un solicitante de asilo afgano de 24 años, fue detenido en el lugar de los hechos. Las autoridades investigan el suceso como un posible atentado, aunque aún no se han determinado los motivos que llevaron al acusado a perpetrar el atropello.
El ataque ha sacudido a la opinión pública alemana y ha reavivado el debate sobre inmigración y seguridad en el país, en un momento particularmente sensible: quedan apenas unos días para las elecciones generales del 23 de febrero.
Las reacciones políticas no se han hecho esperar. El canciller Olaf Scholz advirtió: «Quien cometa crímenes en Alemania no solo será duramente castigado y deberá ir a la cárcel, sino que también debe asumir que no podrá seguir residiendo en el país». Por su parte, Markus Söder, primer ministro de Baviera, fue tajante: «Algo tiene que cambiar en Alemania. No podemos seguir encadenando ataque tras ataque y limitarnos a expresar consternación. Las cosas tienen que cambiar… rápido».
Desde la oposición, formaciones como la Unión Democristiana y Alternativa para Alemania (AfD) han intensificado sus críticas al gobierno, reclamando un endurecimiento de las políticas migratorias y un refuerzo en las medidas de seguridad.
El suceso ha despertado también inquietud por su proximidad temporal con la Conferencia de Seguridad de Múnich, un evento internacional que reunirá a líderes de todo el mundo en la capital bávara en los próximos días. Por el momento, las autoridades han reforzado el dispositivo de seguridad y han pedido calma a la población mientras avanzan las investigaciones.
