Telefónica se ha planteado hace unos días iniciar una reducción de su plantilla en casi un tercio de su plantilla actual, en torno a los 16.000 empleados. Dicha propuesta ha sido trasladada por la empresa a los principales sindicatos de nuestro país. La reunión entre ambas partes se celebró el pasado lunes, con vistas a prolongarse entre otra reunión el 30 de noviembre y otra un mes después. En ellas las partes resolverán las negociaciones para el ERE y la cantidad de empleados que se verán afectados.
Este modelo de ERE ha sido rescatado por la empresa, que desde 2015 habría propuesto hasta 3 planes distintos de separación individual, donde los trabajadores «abandonaban» la compañía a cambio de recibir un porcentaje de su sueldo hasta los 65 años. La vuelta de los EREs, tras ser el de 2011 el último realizado, y afectando en aquel momento a 6800 empleados, dejará a miles de trabajadores en espera de poder reincorporarse a nuevos puestos de trabajo o en las colas del paro. Toda la situación se ve agravada por los sindicatos, pues UGT ha declarado, sin afirmar de qué manera lo pretenden negociar o conseguir, que «cualquier plan de salidas estará ligado a la firma de un nuevo convenio de empresas vinculadas con una duración mínima de tres años que blinde a la plantilla y sus condiciones laborales y económicas».
Todo ello viene acompañado de unos beneficios netos para la empresa aproximados a los 760 millones de euros en el primer semestre del presente año, mientras que en el segundo ha registrado un beneficio de 462 millones de euros, un 44,5% más que entre abril y junio del año anterior. Estas cifras hacen difícil de explicar esta propuesta de nuevos EREs para justificar la reducción de su plantilla nacional, más aún cuando la operadora presentó el pasado 8 de noviembre un nuevo plan estratégico para el periodo 2023-2026, con el objetivo de aumentar el valor de la acción y mejorar la rentabilidad de la empresa.
