La Agencia Antidopaje ha dejado sin sanción casos positivos. Durante los últimos cinco años, el Presidente de la Agencia se habría saltado su normativa para beneficiar a la empresa PWC, quien se encargaba de realizar las pruebas. El CSD recibió la denuncia y guardó silencio.

El dopaje y la corrupción vuelven a golpear al mundo del deporte. La Agencia Española habría acordado la venta de los controles antidopaje a la prensa PWC. Las irregularidades, descubiertas por Relevo, arrojan que el presidente de la agencia, José Luís Terreros, y Muñoz Guerra habrían desviado el dinero público de la Agencia para falsificar los resultados. El proceso era sencillo. Los controles se realizaban con un solo agente –en contra de la normativa vigente en España– y las pruebas que eran positivas no salían a la luz. 

No era la única manera. Para evitar sospechas y ahorrarse varios miles de euros, la empresa PWC colocaba a varios voluntarios para apoyar al agente. Lógicamente, PWC necesitaba la aprobación de una persona del consejo. Ese nombre era el de Muñoz Guerra, quien pasaba por alto estas irregularidades, con el consentimiento de Terreros. Se calcula que desde 2017 hasta 2022, los controles se realizaban con una única persona, bajo el mandato de Terreros. Todo con el fin de ocultar positivos y aumentar los beneficios de PWC.

El escándalo sale a la luz

En el año 2021, el secretario de la Agencia Española Antidopaje, Agustín González, mediante unas auditorías internas, descubrió las irregularidades que se estaban cometiendo. Habló con Muñoz Guerra, quien conocía la situación –era la persona que permitía las irregularidades con PWC–. Al no poder controlar el dinero público de la entidad González, tras apercibir a PWC, fue cesado de su cargo. En el lugar de González, Terreros cerró filas en la figura de Ramón Sánchez y la trama quedó impune.

Finalmente, el pasado mes de diciembre, el Juzgado de Instrucción número 14 de Madrid, abrió diligencias contra Muñoz Guerra y Coral Fernández, funcionaria de la institución, por falsificación de documentos. La clave fueron treinta documentos presentados ante el Ministerio de Educación, donde se expresaban las relaciones entre PWC y los principales responsables de la AEA.

La ley del silencio

El escándalo tiene una gran magnitud y las investigaciones siguen su hoja de ruta. Las últimas informaciones salpican a la cúpula más alta en el ámbito deportivo, el CSD. El organismo dirigido por Víctor Francos recibió la denuncia sobre las irregularidades en el seno de la AEA, pero archivó el documento. Recordemos que Víctor Francos, quien pedía la dimisión de Rubiales, dimitió por «motivos personales» de su cargo –la información no había salido publicada–. Por otro lado, desde el Ministerio se dejó pasar, siendo secretario en aquel momento Miquel Iceta. 

Ahora los nombres son otros y el tablero disfruta de nuevos movimientos. Es más, al conocerse la información, José Manuel Alabares ha pedido un informe sobre la situación. Veremos el nivel de implicación de las diferentes partes, pero de cara a los próximos Juegos Olímpicos es un mazazo, que podría terminar como el del Comité Olímpico Ruso. Por el momento, las diligencias están abiertas y el escándalo en la esfera social.