El Gobierno de Sánchez ha implementado un cambio significativo en su política de asistencia social. A partir de abril, la entrega directa de alimentos a familias vulnerables será sustituida por un sistema de vales canjeables. Esta medida, que busca «modernizar y flexibilizar la ayuda», ha suscitado críticas por su flagrante intento de ocultar a los más desfavorecidos.

Algunos consideran esta medida como una modernización necesaria que otorga mayor dignidad y elección a los beneficiarios, mientras que otros critican la falta de acceso a supermercados adecuados y la complejidad que puede suponer para ciertos grupos vulnerables.

El impacto directo de esta medida en las familias vulnerables es significativo. Existe preocupación sobre si los vales canjeables serán suficientes para cubrir las necesidades básicas de alimentación y si su uso será sencillo y accesible para todos los beneficiarios, especialmente para aquellos con limitaciones de movilidad o acceso a supermercados.

Diversos partidos y varios sectores sociales han criticado la posible desatención a las necesidades reales de las familias afectadas. Afirman que esta medida es una forma de «desentenderse» del problema real del hambre y la pobreza en España, delegando la responsabilidad a las familias y el mercado.

El cambio en la política de asistencia material a personas en situación de extrema vulnerabilidad, financiado con fondos europeos, se enfocará en casi 70.000 familias con niños este primer año. Las familias recibirán entre 130 y 220 euros al mes para comprar comida y otros productos básicos. Este programa estatal de gestión autonómica ha sido aprobado con una subvención de más de 100 millones de euros a Cruz Roja, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en su uso.

La Federación Española de Bancos de Alimentos ha expresado su preocupación, señalando que los nuevos beneficiarios tendrán que pagar los alimentos a precio de mercado, lo que supondrá un costo mayor. Se ha confirmado que entre el 75% y el 80% de las personas atendidas gracias a los fondos europeos en los bancos de alimentos se quedarán fuera del programa, dado que se trata de familias sin hijos.

Este cambio en la política de asistencia alimentaria del Gobierno de Pedro Sánchez plantea interrogantes sobre su efectividad y sensibilidad hacia las necesidades de las familias más desfavorecidas. Esta medida, diseñada para evitar las «colas del hambre», se percibe como un intento superficial de abordar un problema profundo y estructural. Al sustituir la entrega directa de alimentos por vales, el Gobierno parece estar desplazando la responsabilidad de la asistencia alimentaria a los individuos, en lugar de abordar las causas subyacentes de la pobreza y el hambre en España.