El Comité Europeo de Derechos Sociales ha fallado en contra de las indemnizaciones por despido improcedente en España, ya que violan el artículo 24 de la Carta Social Europea, que habla del derecho a la protección de los trabajadores en caso de despido.

El CEDS considera que las indemnizaciones son bajas y que «la legislación española no es lo suficientemente reparadora ni disuasoria».

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, declaró ayer lunes que se reunirá con sindicatos y empresarios para negociar un cambio en la indemnización por despido en España. «Es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodando a la legislación europea». Sin embargo, Díaz obvia que se trata una imposición del CEDS, intentando adelantarse así a su publicación, que será efectiva el 29 de julio, para anotarse el tanto.

Por su parte, Garamendi, presidente de la patronal CEOE, ha declarado su oposición a la resolución europea, en los siguientes términos: «Es consultivo y hay muchos temas consultivos que no se atienden. Entre otros, España está en estos momentos en la Organización Internacional del Trabajo entre los 20 países que se saltan los acuerdos sociales. De eso no se habla. Los acuerdos políticos son respetables, yo no les quito legitimidad, pero a nosotros no nos obliga».