Los planes del actual gobierno hacen pensar que, próximamente, se realizarán regulaciones masivas de inmigrantes. La regulación de hasta 700.000 inmigrantes irregulares, inicialmente planeada solo para 500.000, fue pedida al Congreso a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), apoyada por grandes sectores con influencia política, incluido el sector eclesiástico. El precursor de la ILP fue Augustin Marie Ndour Ndong, activista senegalés, establecido en España desde el año 2000.
Pero ¿qué supondría esta regulación y qué requisitos deberían tener los inmigrantes que optasen a ella? Para empezar, debemos conocer que el fenómeno de las regulaciones masivas no es algo excepcional. En nuestro país ha habido hasta seis casos previos en los que se han sacado adelante estas propuestas. Uno de los más conocidos se dio en 2005, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero concedió el permiso de trabajo y residencia a 576.506 inmigrantes. Fue el mayor y último proceso de regularización extraordinaria de extranjeros hasta la fecha.
La actual Propuesta de Ley debe pasar todavía unos trámites parta que se pueda convertir en ley, comenzando por un periodo de enmiendas para su elaboración. Tras pasar el periodo de enmiendas, pasará al Congreso y, después, al Senado, donde previsiblemente se ratificará y volverá al Pleno del Congreso para su debate y su posible aprobación, algo por lo que el actual gobierno ya ha apostado.
La iniciativa legislativa quiere, a su vez, establecer que «se debe cumplir con la regularización automática de los extranjeros se encuentren en territorio español al menos antes del día 1 de junio de 1999 y que sean capaces de acreditarlo». Para ello, podrán confirmarlo a través de una previa solicitud del permiso de residencia o de trabajo durante los últimos tres años. No obstante, la idea del Gobierno es cambiar los plazos establecidos en ese párrafo, sustituyéndolo por un texto en el que el propio Gobierno establezca un plazo de seis meses para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes de día 1 de noviembre de 2021.
La regulación de los inmigrantes podría ser aún más beneficiosa para diferentes colectivos, como menores no acompañados, familias monoparentales, y personas que no llegan al salario mínimo o aquellas que no lleven tres años viviendo en el país. Hasta la llegada de dicha ley, los inmigrantes ilegales que quieran regularizar su situación podrán hacerlo con el sello de su pasaporte, un documento de fronteras o demostrando que han vivido en el país durante el determinado periodo de tiempo que indique la nueva ley en caso de aprobarse.
