Hace escasas semanas el partido político Sumar, con Yolanda Díaz como cabeza visible del proyecto, ha planteado y registrado una propuesta en la que se pretende crear un equipo «compuesto en su mayoría por mujeres del pueblo gitano», añadiéndolas como asesoras, para crear un algoritmo que determine las actuaciones policiales dentro del protocolo de actuación frente a la violencia de género. La propuesta ha sido pedida a Marlaska y el propio Ministerio del Interior, pese a que incumple algunos criterios como el de imponer una discriminación positiva hacia una etnia. También establece que las mujeres gitanas dentro de este comité tengan diferentes status socioeconómicos distintos, con el fin de que «permita al sistema VioGén sugerir probabilidades de sufrir violencia económica, sexual o psicológica, así como otros delitos como acoso». Pese a la petición de estos criterios para los casos de violencia de género destaca que Sumar no haya propuesto o especifique en la propia petición ningún tipo de conocimiento legal ni de formación en procedimientos policiales.
En la propia propuesta, los de Yolanda Díaz destacan que «para que las mujeres acudan a pedir ayuda o denunciar es necesario corregir los fallos y errores del sistema de protección de las víctimas de violencia de género. Para lograr que la prevención sea eficaz, las mujeres deben sentirse protegidas, apoyadas y seguras desde el inicio hasta el final del proceso», por lo que proponen que para «abordar la violencia machista en España requiere una acción continúa basada en análisis rigurosos y una toma de decisiones derivada de los datos. Sólo a través de un enfoque multidimensional de todas las formas de violencia, sus causas y sus efectos, podremos diseñar estrategias efectivas de prevención, protección y apoyo». Finalmente, la formación de la vicepresidenta ha planteado la «reestructuración» del sistema de la detención de la violencia de género, añadiendo «más ítems que permitan una detección del riesgo más efectiva, así como aplicar las medidas de protección que correspondan», dando así cabida a la elección de violencia de género marcado por criterio sociales y económicos y no tanto por los mecanismos detectados por la policía o los tribunales en base a estadísticas.
