El PSOE ha solicitado que el pleno del 11 de septiembre, previsto en el Congreso de los Diputados tras el parón estival, no se celebre “para respetar la Diada de Cataluña”. La petición será debatida en la Diputación Permanente el próximo 2 de septiembre, según adelantó su portavoz, Patxi López.
La iniciativa ha generado fuertes críticas de la oposición. Desde el Partido Popular, se recuerda que en más de cuatro décadas de democracia nunca se ha suspendido un pleno por una festividad autonómica, y se acusa al PSOE de ceder, una vez más, al discurso identitario nacionalista.
La decisión, además, coincide con un calendario político sensible: ese mismo día, el 11 de septiembre, está citada a declarar como investigada Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Una coincidencia que ha alimentado las sospechas de que el movimiento socialista podría responder más a intereses partidistas que a un gesto de cortesía institucional.
Mientras el Ejecutivo proclama la necesidad de un “gran Pacto de Estado” frente a la crisis climática y otras emergencias nacionales, la agenda parlamentaria queda supeditada a símbolos territoriales y a cálculos políticos internos. Una señal preocupante de hasta qué punto la política española se aleja de la centralidad institucional para refugiarse en gestos de oportunidad.
