Funcionarios de todas las prisiones de España exigen la dimisión del Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, así como de la consejera de Justicia de la Generalitat Catalana, Gemma Ubasart, tras el asesinato a manos de un preso condenado por haber asesinado a otra mujer de la trabajadora de las cocinas, Nuria López, en la cárcel tarraconense de Mas d’ Enric.

Los manifestantes han coreado «Marlaska dimisión», en una marcha no convocada por sindicatos, sino por dos plataformas profesionales, Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) y Marea Brava catalana. Estas han denunciado que «ni la ministra de Trabajo ni el ministro del Interior se hayan pronunciado ante la muerte de una persona en su puesto de trabajo». A la protesta han acudido cerca de 3.000 manifestantes.

El portavoz de Marea Brava, Fransec, ha pronunciado un discurso denunciando la ausencia de dimisiones y de otras medidas políticas tras el fatídico ataque producido a un funcionario en las cárceles tras la restauración de la democracia. «Nos quieren condenar a las agresiones y no lo vamos a tolerar», ha declarado.

El sobrino de Nuria López, Pablo Martínez, ha acusado a la administración penitenciaria catalana de absentismo laboral. Se ha preguntado cómo ha sido posible que el autor del asesinato hubiera pasado exitosamente 14 revisiones psicológicas antes de que se le autorizara para utilizar útiles de cocina. «Usted, Gemma Ubasart, le facilitó el arma blanca con la que asesinó a mi tía. La política de reinserción no puede ser a cualquier precio».

El pasado jueves 11 de abril, el sindicato penitenciario ACAIP ha presentado un preaviso de huelgas de los trabajadores de las prisiones en Cataluña para los días 26 de abril y 11 de mayo. Los sindicatos de funcionarios de prisiones están en pleno proceso de negociación con el Estado para que se les reconozca como agentes de autoridad, medida a la que ya el ministro del Interior ha dado visto bueno.

Asimismo, están en marcha negociaciones emprendidas por los sindicatos Acaip-UGT y CSIF con los grupos parlamentarios de las Cortes para conseguir una modificación del protocolo de prevención contra las agresiones en las cárceles, que se ha tratado con los socialistas y populares del Congreso.