La Generalitat Valenciana permitió en 2021 el desalojo violento de varias familias trabajadoras del albergue de la Esperanza Obrera. Dos años más tarde, estas familias se enfrentan a acusaciones de supuestas agresiones y resistencia a la autoridad, con posibles penas de cárcel.
El 15 de marzo de 2021, bajo la administración del gobierno de Compromís, Podemos y PSOE, se permitió un desalojo sin orden judicial y con un uso de fuerza considerado violento. Este se produjo en un edificio que anteriormente había sido una sucursal de Unicaja y que pertenecía a la familia Usó Ferrera, una de las familias más acaudaladas de España. Durante un evento de reparto de alimentos, la policía, haciéndose pasar por familias necesitadas, irrumpió forzadamente en el lugar, resultando en agresiones y la detención de tres miembros de la organización y de una familia que se encontraba residiendo en el albergue.
La iniciativa surgió durante la pandemia en 2020, un momento de gran incertidumbre en el que los niveles de pobreza y desempleo aumentaron entre la clase trabajadora. La idea de la “Esperanza Obrera” consistió en la rehabilitación de un edificio ubicado en el centro financiero de Valencia, destinado a servir como albergue para las familias desahuciadas y como banco de alimentos, con el propósito de visibilizar la pobreza que a menudo permanece oculta en los barrios de trabajadores.
En aquel momento, la entonces vicepresidenta, Mónica Oltra, solicitó información sobre las personas alojadas en el albergue, comprometiéndose a encontrar soluciones. Sin embargo, en lugar de eso, la Generalitat optó por llevar a cabo una operación policial no solo contra la organización, que se dedicaba a ayudar a las familias desamparadas ante la falta de apoyo de las instituciones y servicios sociales, sino también contra las mismas familias. En lugar de abordar los problemas de los barrios obreros, que estaban cada vez más afectados por la gentrificación y la proliferación de viviendas relacionadas con el narcotráfico, la izquierda y las autoridades policiales optaron por perseguir a la incipiente oposición política que emergió como respuesta a la situación.
Este 9 de noviembre los representantes de la “Esperanza Obrera” fueron juzgados por supuestas agresiones y resistencia a la autoridad luego de ser víctimas de un montaje policial. Así mismo, se realizó una concentración frente a la Ciudad de Justicia de Valencia en apoyo a los encausados.
Frente a los juzgados, la abogada de los acusados, Luisa Ramón, declaraba que, en un momento dado, el juez Juan Carlos Mompó, sin comunicarlo ni identificando a nadie previamente para ver si existían diligencias previas, dictó un auto de desalojo. Un auto que recurrieron y fue aprobado por el fiscal, insistió, “fundamentalmente porque en aquellos momentos había unos decretos que limitaban los desahucios, ordenando a acudir a los servicios sociales para encontrar alternativa habitacional a las personas que no tenían techo y estaban ocupando”. “El fiscal nos apoyó, pese a todo se produjo la intervención “manu militari”. “A base de golpes, arrastrones, y de engaños para entrar en el local, se desalojó ese mismo día”.
La Esperanza Obrera ha dejado claro que no solo luchará en los tribunales, seguirá luchando en las calles para visibilizar, una vez más, la realidad de los barrios trabajadores que los políticos pretenden ocultar.
