La Audiencia de Sevilla condenó en 2019 por malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñan y otros ex altos cargos de la Junta con penas de entre 6 y 8 años de prisión. Junto al expresidente serían condenados los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez, José Antonio Viera y Antonio Fernández; los viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez; el ex director general Juan Márquez y el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano.
En septiembre de 2022, la familia de José Antonio Griñán solicitaría su indulto, incluyendo una recogida de firmas. Esta contó con el apoyo de Susana Díaz, José Bono, Felipe González, Alfonso Guerra, José Luis Rodríguez Zapatero, pero irónicamente, también exdirigentes del PP, IU y Podemos. A pesar de que todos hayan condenado públicamente el Caso ERE, y como hemos visto con otros escándalos de corrupción, los partidos públicamente opuestos terminan por participar de forma conjunta en estos espectáculos. A puerta cerrada se desvanece la rivalidad agresiva con la que se muestran ante los españoles y terminan compadeciéndose unos de otros y ofreciendo respaldo mutuo.
A finales de 2022, Pedro Sánchez derogaría el delito de sedición y reduciría las penas para el delito de malversación. En marzo de 2023, suprimiría del “código ético del PSOE” un artículo que prohibía proponer o apoyar el indulto de cargos públicos condenados por delitos ligados a corrupción. De hecho, en el nuevo texto, la palabra indulto no hace aparición.
La patrimonialización de la Junta de Andalucía por parte del PSOE-A llegó hasta el punto de incumplir con la obligación legal de reclamar la cantidad defraudada en el proceso judicial, siendo consejera de Hacienda durante el gobierno de Susana Díaz, María Jesús Montero, actual ministra de Hacienda en funciones. Esta ya había sido consejera de Salud y Bienestar Social en el gobierno de Griñán y previamente durante el de Chaves, condenado por prevaricación.
Aún quedan 432 causas judiciales contra los ERE y Pedro Sánchez ansía que esto quede impune.El caso ERE es la mayor trama de corrupción institucional de España, una red compuesta por el seno de la Junta de Andalucía, PSOE, UGT y CCOO con un fraude de 680 millones de euros, aunque se estima que los fondos desviados podrían llegar a los 855 millones.
