El pasado 20 de noviembre, el Gobierno rechazó la nueva propuesta de ley ELA presentada por Vox a principios de octubre. Este se produjo por el excesivo coste y su impacto en el Presupuesto General del Estado. La propuesta de Vox rescataba la realizada por Ciudadanos en marzo de 2022, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y que jamás entró en vigor.
El coste estimado de su puesta en marcha apuntaba a los 30 millones de euros, un 0.0002% de los PGE, y estaba destinada a aliviar las duras condiciones de vida de los aproximadamente 4500 enfermos de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) que hay en nuestro país.
Este veto a la propuesta de ley ELA no es el primero que este gobierno realiza. En octubre de 2021, según consta en un escrito del Senado, el gobierno rechazó una propuesta de ley planteada por Ciudadanos, alegando que incidía directamente en los presupuestos generales del Estado en vigor para meses después rectificar. La propuesta de ley ELA del 8 de marzo de 2022 presentada por Ciudadanos, con una partida presupuestaria de algo más de 100 millones al año, fue aprobada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos parlamentarios, incluidos PSOE y Podemos, que en coalición formaban el Gobierno de España. Desde su aprobación el Gobierno ha bloqueado su tramitación de puesta en vigor en 49 ocasiones hasta quedar descartada con la convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio.
El pasado 17 de octubre el PP presentó una moción en el pleno del Senado que se aprobó con los votos de los populares, Vox y UPN, la abstención del resto de grupos y ningún voto en contra, en la que se insta al Gobierno a blindar por ley la ayuda a los afectados por ELA. Tras el rechazo a la nueva propuesta presentada por VOX, el pasado 30 de octubre la asociación de enfermos de ELA (ConELA) presentó en el Congreso de los Diputados una nueva proposición de ley ELA con la esperanza de que esta iniciativa, presentada por su asociación y no por un partido político, no resulte vetada. El portavoz de dicha asociación, el exfutbolista Juan Carlos Unzué, manifestó: «Solicitamos a todos los partidos políticos que se pongan de acuerdo en la aprobación de una ley que garantice una vida digna a las personas con ELA y que lo hagan ya. Los enfermos de ELA no podemos esperar más. Muchas de esas 2.000 personas fallecidas se han visto obligadas a elegir morir.»
«La angustia que supone el quebranto económico de sufragar el coste de los cuidados profesionales y que aboca a su familia a la pobreza absoluta, unida a la inexistencia de apoyo económico público o una solución residencial adecuada, lleva a los enfermos de ELA en muchas ocasiones a decidir poner fin a su vida». Asimismo, recordó que la ELA no conoce de ideologías ni de partidos políticos y que afecta a personas en todos los rincones de nuestro país, motivo por el cual dicha propuesta fue presentada a todos los grupos parlamentarios.
La ELA es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente a las neuronas motoras, que degeneran o mueren, dejando de enviar órdenes a la musculatura. Sus primeros síntomas son debilidad muscular en brazo y piernas y dificultad para tragar o hablar. Cuando la enfermedad avanza impide moverse, hablar, comer y respirar. Es una enfermedad mortal para la que no existe cura, de la que se desconoce su origen y que tiene una esperanza de vida de entre 2 y 5 años desde su diagnóstico. Una enfermedad cruel que no tan sólo hipoteca la vida de los afectados, sino también de sus familiares, pues en la última etapa de la enfermedad la dependencia llega a ser total. Muchos enfermos requieren de costosos aparatos de respiración o de cuidadores profesionales por lo que se estima que el gasto anual es de aproximadamente 50.000 euros. Por este motivo muchos enfermos, a fin de evitar la ruina de sus familiares, optan por solicitar la eutanasia.
La propuesta de ley de ELA tiene como principales objetivos el reconocimiento de un 33% de discapacidad desde su diagnóstico y el acceso preferente a servicios multidisciplinares especializados, equipados con recursos técnicos y humanos necesarios para atender sus necesidades. También reclama poder acogerse al bono social eléctrico cuando requieran del uso de ventilación mecánica invasiva o no invasiva, un servicio domiciliario, garantizando el acceso al servicio de fisioterapia y atención especializada durante 24 horas, y plazas residenciales específicamente adaptadas para los enfermos de ELA. Finalmente, se propone que se puedan beneficiar de estas medidas otras personas que padezcan enfermedades crónicas, neurodegenerativas y autoinmunes.
Resulta paradójico y especialmente sangrante que el autodenominado «Gobierno más progresista de la historia de España» paralice una ley que permitiría alargar la vida de los enfermos de ELA, evitando que se vean forzados a solicitar la eutanasia. El rechazo a este proyecto de ley deja en evidencia la hipocresía y la mezquindad de nuestros políticos de izquierdas, que aparentan pelear con uñas y dientes por cualquier asunto social que les proporcione votos, dejando en cambio desamparados a los 4500 enfermos de ELA de nuestro país. No queda muy lejos cuando los partidos progresistas tildaban poco menos que de asesino al gobierno del PP cuando el Ministerio de Sanidad de aquel entonces consideró inasumible la financiación del Sovaldi, medicamento para tratar la hepatitis C. Mientras tanto, el Gobierno se permite el lujo de condonar 15.000 millones de deuda a Cataluña a cambio de sus 7 votos para la investidura, destinar 210 millones de euros en el bono cultural joven, o los 2,5 millones en talleres contra la masculinidad, otro filón del sumidero de fondos sin utilidad que ha supuesto el Ministerio de Igualdad.
