Europa investiga posible fraude en el AVE y mientras, el PSOE, deja entrever subidas de impuestos para mejorar el transporte

La Fiscalía Europea ha anunciado esta mañana que abrirá una segunda investigación tras los accidentes de Adamuz y Urda. Estos hechos terribles han segado violentamente la vida de 115 personas en menos de diez meses y han puesto en evidencia la red ferroviaria. No hace tantas décadas era la envidia de muchos países de nuestro entorno.

Después de estos acontecimientos, ostentamos el triste récord de concentrar el 54% de las víctimas mortales en redes de alta velocidad a nivel mundial.

Siguiendo con la investigación mencionada, esta va a realizarse conjuntamente por la Fiscalía Europea con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Sus pesquisas estarán enfocadas concretamente en tres instituciones: ADIF, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas de España.

Su objetivo es obvio: analizar y determinar finalmente si ha existido fraude en la gestión de los fondos asignados a la línea del AVE Madrid-Sevilla. Las líneas de investigación son dos. Una de ellas está relacionada con el tramo de Adamuz, iniciada tras el accidente del día 18 de enero; la segunda versa sobre la financiación comunitaria para la renovación de infraestructuras de la línea Madrid-Sevilla y fue lanzada tras el accidente de Urda, acaecido el 28 de octubre.

Se estima que el objeto de estas investigaciones afectará a un paquete de 650 millones de euros, correspondientes a la inversión de ADIF para renovar esta línea de alta velocidad, la más antigua de España, inaugurada en 1992. En el futuro veremos cuántos de estos millones se han gestionado de manera incorrecta y a qué fines ajenos a nuestra maltrecha red ferroviaria se han destinado.

Y mientras se siguen manejando mareantes cifras monetarias como objeto de investigación por corrupción, el dinero de los contribuyentes se escapa. Las recaudaciones crecientes, que cada año superan a las del anterior, no se traducen en más traviesas, raíles, elementos de seguridad o inversión destinada a cualificar y aumentar el capital humano.

A pesar de todo lo anterior, el Gobierno del PSOE no se sonroja y ni mucho menos plantea un plan de análisis y contingencias creíble para superar la situación. Su solución, en palabras del ministro de Hacienda, Arcadi España, es simplemente recaudar más dinero.

El ministro declaró en Valencia, durante un coloquio del Fórum Europa-Tribuna Mediterránea, que «si vamos a necesitar un esfuerzo inversor, no podemos lanzar mensajes de recortes». Lo que se deja entrever es que, en el hipotético caso de que el PSOE ganase las elecciones del próximo 29-N, podría aplicarse una nueva subida de impuestos para invertir en las redes ferroviarias de alta velocidad y Cercanías.

El ministro de Hacienda tampoco dejó pasar la oportunidad de defender a Óscar Puente, compañero en el Gobierno hasta hace escasos días. Aun reconociendo que España «no puede permitirse dos accidentes de alta velocidad», defendió al ya exministro aseverando que «desde el primer momento estuvo en su sitio, dio la cara y explicaciones; durante los primeros días, los más confusos, estuvo allí y hubo medidas de apoyo a las víctimas».

Aunque estas reacciones y comentarios puedan resultar sorprendentes, no por ello dejan de encajar en la tónica que el Gobierno y el PSOE han mantenido durante los últimos años: un día a día marcado por la corrupción, la ineficacia y la negación de la realidad.

Es en estos momentos cuando puede surgir la pregunta de si, en un país normal, con presupuestos aprobados, con políticos limpios y con conciencia de servicio a sus conciudadanos, estos accidentes podrían haberse evitado; si la red de alta velocidad podría seguir siendo admirada en todo el mundo; y si el bolsillo del trabajador no estaría esquilmado.