La junta de UGT de Andalucía acusada por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones en concurso con un delito de falsedad de documento mercantil.
No es la primera vez que uno de los principales sindicatos estatales en España se ve vinculado a un delito corrupción, en este caso ha sido la junta de UGT de Andalucía la que está siendo investigada por fraude de subvenciones y falsedad documental. Viajes al Caribe, transferencias sin justificar a través de empresas satélites, dinero de asesorías destinado a fines distintos; la cifra de lo presuntamente defraudado alcanza los 40 millones de euros provenientes de subvenciones públicas. Hasta quince personas entre ellas exmiembros de la secretaría general del sindicato, antiguos vinculados con la secretaría, la administración, gestión económica, consejeros delegados y responsables de departamentos de la organización en Andalucía fueron llamados a juicio como parte de la acusación, junto con diez empresarios antiguos proveedores del sindicato también llamados a sentarse en el banquillo. Por otro lado, la antigua cúpula de la organización ha solicitado anular el juicio por supuestas filtraciones ilegales en algunas de las pruebas aportadas.
En una época en la que España lidera los rankings de paro juvenil europeo, la precariedad laboral se dispara, la externalización en las empresas ha hecho que se pierda la relación directa trabajador-empresario (en consecuencia, una conciencia de clase inexistente), en la que se permite que empresas de explotación que abusan de la propiedad personal como medio de trabajo como Glovoo o Uber desarrollen su actividad y se lucren en nuestro país, el silencio es la única respuesta de los grandes sindicatos estatales, el silencio y nuevos escándalos de corrupción. Más de un decenio sin conocer de una huelga general, tampoco parecen planteárselo, parecen considerar de mayor premura para los trabajadores inflar los precios de las asesorías de la formación.
Los sindicatos de origen tienen un carácter reformista y son expresión inequívoca de desigualdad en las relaciones laborales del libre mercado. Pero al menos en sus comienzos llevaban a cabo cierta labor representativa. No ha sido sino cuando los sindicatos han dejado de autofinanciarse, de vivir de la cuota de sus miembros y el capital humano que estos prestan cuando han dejado de servir a la clase obrera para pasar a ser meretrices de sus nuevos dueños: los gobiernos al servicio de la plutocracia, y en España ha sido el caso. También son ellos cómplices de la última reforma laboral, la del periodo de prueba, esa que tan útil le ha sido a la patronal que ya se puede ahorrar la indemnización que le costaban los contratos temporales o contratos basura. Una reforma «progresista» que tampoco modificó lo más mínimo la criminal reforma anterior del Partido Popular, esa que eliminaba los convenios sectoriales en favor de los convenios privados, para que los empresarios no tuvieran ninguna limitación a la hora de imponer de forma unilateral sus condiciones precarias al trabajador, siempre desamparado. Ante todo esto no se pronuncian, tampoco sobre la situación actual de los agricultores, ni sobre la huelga de transportistas en su día. UGT, CCOO, LAB, USO y demás sindicatos que viven de la subvención estatal son la prueba más fehaciente de instrumentalización de la lucha obrera, los mayor traición a los trabajadores españoles. Porque si hay alguien peor que aquel que se enriquece del trabajo ajeno es aquel que lo hace mientras aparenta denunciarlo. Hoy ellos son parte de la reacción, de la peor de las reacciones, el reaccionario que se viste de rebelde y lleva a cabo la perfidia más ruin y miserable. Eso son hoy los sindicatos.
