El Gobierno de Pedro Sánchez considera que cumplió su promesa con los Junts y ERC en relación a la ley de amnistía y ahora dejará todo en manos del proceso judicial. Después de que el Supremo decidiera no permitir la malversación, uno de los delitos que se imputa a los miembros del procés.

El fallo del Tribunal Supremo mantiene las ordenes de detención contra Carles Puigdemont y otros líderes de Junts, así como la inhabilitación de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa de ERC. Ambos partidos, en conjunto con el PSOE en el Parlamento, tienen la intención de acudir al Constitucional.

Tanto el PSOE, como el Gobierno de coalición manifiestan su insatisfacción con la sentencia del Supremo sobre malversación. El PSOE tacha la decisión de «política», mientras que el Ejecutivo argumenta que la ley de amnistía es clara y debe aplicarse de acuerdo a como de redactó.

Por su parte, el Supremo reconoce que el delito se comete con cualquier apropiación de bienes ajenos, sin importar el uso del dinero.