La violencia en las cárceles españolas ha ido en aumento. En 2023 hubo un aumento del 12% con respecto al año anterior y acabó convirtiéndose en el más violento de los últimos años, en ese año en Cataluña aumentaron las agresiones un 345% con respecto a los 5 años precedentes. Este problema se ha puesto a la orden del día a raíz de las movilizaciones de los trabajadores de prisiones por el asesinato de una trabajadora el 13 de marzo, con el paso de los días estas se han ampliado a otras comunidades. Se han realizado cortes en los accesos a las prisiones y también hubo concentraciones en el Departamento de Justicia de la Generalitat ante la pasividad del Govern donde se produjeron cargas policiales.
La víctima era cocinera en la cárcel de Mas d´Enric (Tarragona) y fue apuñalada por un preso de nacionalidad rumana, que terminó suicidándose, había sido condenado a 11 años, a pesar de que la fiscalía pidió 20, por asesinar a una mujer en 2016.
Este suceso ha sido el detonante de las protestas por parte de los trabajadores de prisiones en las que han denunciado su situación de abandono e inseguridad. El aumento de agresiones en grado de tentativa y consumadas es constante, así como una deficiencia de medios y unas malas condiciones de trabajo que se ven degradadas por el abandono institucional, la falta de inversión y de personal. En Cataluña, foco de las protestas, solo hay un educador social por 100 presos.
Se trata de una situación que impide unas buenas condiciones de trabajo para el personal penitenciario, además dificulta la reinserción de los presos. El problema sin embargo puede ser mayor, ya que se ha criticado el protocolo específico para contabilizar las agresiones, que acabaría reflejando unas cifras menores de las reales.
Otro aspecto a resaltar en el caso catalán es que la población reclusa extranjera supera a la española, de 7991, 4004 son extranjeros según datos del Departamento de Justicia de la Generalitat, a la par de esto la región vive un auge de delincuencia y criminalidad en los últimos años.