La magistrada María Tardón solicita informes al Instituto Armado y a la Policía Nacional para esclarecer si existía información previa sobre la avalancha migratoria registrada a finales de julio.
La investigación judicial sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta continúa avanzando. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha solicitado a la Guardia Civil un informe detallado para aclarar si alguna de sus unidades recibió información o avisos que permitieran anticipar la llegada de miles de personas a la frontera española durante los días 30 y 31 de julio. El objetivo es determinar si existieron indicios previos sobre un episodio que terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma.
La petición forma parte de las diligencias previas abiertas tras la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa. Antes de decidir si la Audiencia Nacional debe asumir la investigación, la magistrada quiere recopilar toda la información disponible para conocer cómo se desarrollaron los hechos y cuál fue la respuesta de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En su resolución, Tardón requiere expresamente a la Guardia Civil que informe de si alguna de sus unidades tuvo conocimiento previo de movimientos o comunicaciones que hicieran prever una entrada irregular de gran magnitud. Además, solicita un balance completo del dispositivo desplegado en la frontera, incluyendo las labores de vigilancia, las actuaciones de rescate realizadas en el mar y la información disponible sobre las personas auxiliadas durante la emergencia.
La jueza también reclama datos sobre el número de víctimas mortales registradas durante la crisis y sobre las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos. Con esta documentación, el juzgado pretende reconstruir con la mayor precisión posible el desarrollo de los acontecimientos y valorar si la respuesta de las autoridades fue acorde con la información de la que disponían en cada momento.
Las diligencias no se limitan a la Guardia Civil. La magistrada ha solicitado igualmente información a la Policía Nacional para determinar si existen indicios de que la entrada masiva pudiera haber sido organizada o promovida por redes dedicadas al tráfico de personas. El objetivo es esclarecer si la llegada de miles de inmigrantes respondió únicamente a un movimiento espontáneo o si existió algún tipo de coordinación por parte de organizaciones criminales.
La apertura de estas actuaciones coincide con el intenso debate político generado por la gestión de la crisis migratoria. Desde que se produjo la avalancha de personas en la frontera, el Gobierno ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad y ha sostenido que la situación quedó estabilizada pocos días después gracias a la colaboración entre España y Marruecos. Por su parte, distintos partidos de la oposición han reclamado explicaciones sobre la planificación del dispositivo y la posibilidad de que existieran avisos previos que permitieran reforzar la vigilancia fronteriza.
Precisamente, esa es una de las cuestiones que ahora trata de esclarecer la Audiencia Nacional. Si los informes concluyen que no existió información previa, la investigación permitirá confirmar que la magnitud del episodio sorprendió a los servicios de seguridad. En cambio, si se acredita que alguna unidad recibió alertas antes de la entrada masiva, el juzgado deberá analizar cómo se gestionó esa información y si las medidas adoptadas fueron suficientes. Mientras tanto, la causa entra en una fase clave, a la espera de los informes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, cuya documentación será determinante para decidir si la Audiencia Nacional continúa con la investigación o archiva las actuaciones.
