El ejecutivo liderado por Pedro Sánchez es incapaz de dar respuestas firmes y rápidas tanto a nivel nacional como internacional, mientras la situación continúa empeorando en la ciudad, así como en la política española.
Después de dos semanas de invasión de Ceuta, la situación provocada por la pasividad del Gobierno y las estrategias de guerra híbrida de Marruecos está tensionando en todos los sentidos tanto a la ciudad como a la ciudadanía ceutí, así como a la clase política española.
Los ceutíes no se sienten seguros en sus propias casas, se encuentran solos y sin el apoyo necesario para solucionar la situación. Los servicios públicos se colapsan, la sensación de inseguridad hace que las mujeres no salgan solas a la calle, no se sabe a ciencia cierta el número de personas que aún permanecen en la ciudad y el malestar y la frustración general se palpan y se gritan en diversas manifestaciones ciudadanas ante la Delegación del Gobierno.
A su vez, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, cifra en al menos 9.000 personas las que aún están en territorio español de manera ilegal, reclama que el Estado aplique las leyes y mecanismos necesarios para expulsar a los inmigrantes y exige que se solucione esta insostenible situación para que no derive en problemas aún mayores.
La respuesta del ejecutivo de Pedro Sánchez no ha convencido a nadie.
Por una parte, la diplomacia de España, dirigida por el ministro de Exteriores José Manuel Albares, es fuertemente criticada por la clase diplomática española, que ha sido purgada en los últimos años hasta dejar un reducido grupo de fieles alrededor del ministro.
Sus logros en estas semanas han sido conseguir un choque diplomático con 22 países de la Unión Europea, principalmente con Italia y su primera ministra, Giorgia Meloni, que están muy descontentos con la gestión migratoria; seguir blanqueando a Marruecos en una estrategia de apaciguamiento del reino alauí, que se ha demostrado que no ha dado resultados; y, a diferencia de la crisis del año 2021, en esta ocasión no se ha conseguido una resolución condenatoria del Parlamento Europeo por la insistencia del ministro Albares en que esto es una crisis migratoria y que Marruecos está realizando una gran colaboración y se ha demostrado como un socio y vecino fiable.
Los problemas no son solo en el exterior. Internamente, algunas comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha, levantan la voz y ya advierten de que la capacidad de la comunidad está «sobresaturada». También es consabido el rechazo al reparto por parte de las comunidades autónomas gobernadas por PP y VOX, pero más peligrosa para el ejecutivo es la actitud del PNV, que ha expresado en repetidas ocasiones que «la primera obligación del Estado no es repartir a estos menores», sino hacer «que esos menores vuelvan con sus familias». Y, sobre todo, el punto más crítico para la política nacional es que otro de sus socios de gobierno, Junts, ya ha avisado que «no le daremos un voto si Cataluña no queda fuera».
Ya en la última emergencia y reparto de menores no acompañados, tras la crisis de Canarias, Cataluña se quedó fuera del reparto. Todo hace pensar que esta vez ocurrirá lo mismo. Si a la debilidad actual del Gobierno se le añade una negativa de Junts, esto podría llegar a provocar un adelanto de elecciones con consecuencias terribles para un PSOE en horas bajas y salpicado por innumerables casos de corrupción, con una previsible y contundente derrota y una imprevisible cascada de acontecimientos que afectarían al partido y al ejecutivo.
Mientras tanto, Moncloa se fía de Marruecos ante la anunciada invasión convocada por redes sociales para este fin de semana y las decisiones fuertes y de calado brillan por su ausencia tanto en el presente como para el futuro, por lo que se espera que la situación en Ceuta se siga degradando y tensando aún más.
