Tras cuatro noches de acampada se publica el primer Real Decreto-ley en el BOE

Las reivindicaciones impulsadas por los campistas de Sol han sido parcialmente atendidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez

El pasado 26 de septiembre, distintos colectivos, principalmente el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, según los informes públicos, y personas particulares se movilizaron para reclamar mejoras legislativas que regulen la crisis habitacional que actualmente asola a nuestro país, que derivaron en una acampada en la Puerta del  Sol que dura ya 4 días y a la que se han ido sumando colectivos y plazas de distintas ciudades de todo el territorio español, siendo el detonante de esta movilización el desahucio de Mari Carmen Abascal.

Sin embargo, como ya se vaticinaba, las medidas incluidas en dicha normativa responden a reclamaciones populistas, sin fundamento económico que sustente las medidas recogidas en la normativa y cómo estas van a contribuir a mejorar la situación habitacional que afecta al conjunto del territorio español. Se puede ver cómo la norma publicada hoy casa con las reivindicaciones de SUMAR, socio de gobierno del PSOE, y cuyas medidas muestran la clara intención electoralista de esta normativa.

El Real Decreto-ley 26/2026 recoge, entre otras, las siguientes medidas:

• Regulación de alquileres temporales.
• Regulación de alquiler por habitaciones.
• Limitación de la adquisición de viviendas en determinadas circunstancias a entidades cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles.
• Posibilidad de aplicar un recargo por parte de la Administración Local en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en caso de que la vivienda se considere vacía según los parámetros establecidos en la norma.
• Modificación de la fiscalidad aplicable a los alquileres turísticos.
• Gravamen especial del 25% en empresas cotizadas del Mercado Inmobiliario que no distribuyan sus beneficios derivados de rentas procedentes de la actividad de arrendamiento de viviendas.
• Suspensión de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
• Mayor protección del arrendatario ante la finalización de un contrato de alquiler de larga duración.

Todas estas medidas, según las fuentes oficiales, pretenden responder a una demanda generalizada de mejora de la situación actual de la vivienda en España, sin embargo, una vez publicada la norma y analizada con detenimiento, podemos observar cómo únicamente responde a dar mayores garantías legales a colectivos minoritarios, careciendo de sustancia real que permita mejorar la situación para el conjunto de los ciudadanos afectados por esta situación, más bien al contrario; si analizamos las medidas, dado el contexto socioeconómico actual y la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, podemos ver que la reacción de los agentes económicos vinculados, ante medidas restrictivas y que suponen una desprotección de sus bienes, ha sido salir del mercado regulado, por lo que lo más probable es que, derivado de estas medidas se esté abriendo camino al desarrollo de la actividad inmobiliaria a través de la economía sumergida o al desistimiento por parte de los propietarios de viviendas de ponerlas a disposición del mercado, generando una contracción en la oferta de vivienda y agravando aún más el desequilibrio entre oferta y demanda que existe actualmente.

El sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha manifestado que las medidas reclamadas por el mismo, a pesar de no constituir una solución definitiva para el problema, sí supondrían un primer paso para solucionarlo, sin embargo, todos los mercados en general y el mercado de la vivienda en particular se ven influidos por múltiples agentes y factores, que buscan alcanzar el punto de equilibrio en el contexto en el que operan, por lo que la alteración de ciertos elementos siempre debe hacerse concienzudamente y teniendo en cuenta todas las variables, ya que la alteración de un elemento puede conllevar la variación de múltiples factores con el objetivo de alcanzar el mentado equilibrio y estos pueden alcanzar hitos no deseados.

Una normativa de estas características no puede realizarse atendiendo a demandas de colectivos minoritarios que, además, desconocen los efectos macroeconómicos que sus deseos pueden generar en el medio y largo plazo; debe derivar de estudios profundos del mercado y aportar soluciones ante las posibles desviaciones del objetivo que puedan derivarse de cada una de las medidas adoptadas.

Llama también especialmente la atención el hecho de que, a pesar de llevar años arrastrando esta situación relativa a la vivienda en nuestro país, haya sido después de la invasión de Ceuta, que ha supuesto la desprotección absoluta de los ceutís y el descontento del conjunto de la sociedad española, cuando los colectivos afines al Gobierno se han movilizado para realizar estas reclamaciones a las que el ejecutivo ha respondido con una respuesta casi inmediata, diluyendo así la falta de reacción del Gobierno ante lo sucedido en Ceuta. Si a esto añadimos que queda menos de un año de legislatura es bastante evidente que el objetivo de esta ley no es otro que ganar adeptos a su causa mientras se intenta desviar el foco de atención de la ciudadanía hacia determinadas cuestiones y dejar en el olvido aquello que les incomoda y que no tienen ninguna intención de solucionar.