Tras cuatro noches de acampada se publica el primer Real Decreto-ley en el BOE

Las reivindicaciones impulsadas por los campistas de Sol han sido parcialmente atendidas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez

El pasado 26 de septiembre, distintos colectivos, principalmente el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, y personas particulares se movilizaron para reclamar mejoras legislativas que regulen la crisis habitacional que actualmente asola a nuestro país. Las movilizaciones derivaron en una acampada en la Puerta del  Sol que dura ya 4 días. A esta acampada inicial han ido sumando colectivos y plazas de distintas ciudades de todo el territorio español. El detonante de esta movilización fue el desahucio de Mari Carmen Abascal.

Sin embargo, como ya se vaticinaba, las medidas incluidas en dicha normativa responden a reclamaciones populistas. Además, carecen de fundamento económico que sustente las medidas recogidas en la norma y no ofrecen una explicación clara de cómo estas van a contribuir a mejorar la situación habitacional que afecta al conjunto del territorio español.

Se puede ver cómo la norma publicada hoy casa con las reivindicaciones de SUMAR, socio de gobierno del PSOE, que ha apoyado las movilizaciones. Además, las medidas muestran la clara intención electoralista de esta normativa.

El Real Decreto-ley 26/2026 recoge, entre otras, las siguientes medidas:

• Regulación de alquileres temporales.
• Regulación de alquiler por habitaciones.
• Limitación de la adquisición de viviendas en determinadas circunstancias a entidades con determinadas características.
• Posibilidad de aplicar un recargo por parte de la Administración Local en el IBI en caso de que la vivienda se considere vacía.
• Modificación de la fiscalidad aplicable a los alquileres turísticos.
• Gravamen especial del 25% en empresas cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario que no distribuyan sus beneficios.
• Suspensión de desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional.
• Mayor protección del arrendatario ante la finalización de un contrato de alquiler de larga duración.

Todas estas medidas, según las fuentes oficiales, pretenden responder a una demanda generalizada de mejora de la situación actual de la vivienda en España. Sin embargo, una vez publicada la norma y analizada con detenimiento, podemos observar cómo únicamente responde a dar mayores garantías legales a colectivos minoritarios. La norma carece de sustancia real que permita mejorar la situación para el conjunto de los ciudadanos afectados por esta situación.

Dado el contexto socioeconómico actual y la evolución del mercado inmobiliario en los últimos años, podemos ver que la reacción de los agentes económicos, ante medidas que suponen una desprotección de sus bienes, ha sido salir del mercado regulado. Por este motivo, estas medidas pueden derivar en el desarrollo de la actividad inmobiliaria a través de la economía sumergida. También puede suponer el desistimiento por parte de los propietarios de viviendas de ponerlas a disposición del mercado. Esta situación podría generar una contracción aún mayor en la oferta de vivienda, agravando el desequilibrio que existe actualmente.

El sindicato de Inquilinas e Inquilinos ha manifestado que las medidas exigidas, a pesar de no constituir una solución definitiva para el problema, sí supondrían un primer paso para solucionarlo. Sin embargo, todos los mercados en general y el mercado de la vivienda en particular se ven influidos por múltiples agentes y factores. La alteración de un elemento puede conllevar la reacción de múltiples factores con el objetivo de buscar el punto de equilibrio, alcanzando hitos no deseados. Estos agentes buscan alcanzar el punto de equilibrio en el contexto en el que operan, por lo que la alteración de ciertos elementos siempre debe hacerse concienzudamente y teniendo en cuenta todas las variables posibles.

Una normativa de estas características no puede realizarse atendiendo a demandas de colectivos minoritarios que, además, desconocen los efectos macroeconómicos que sus deseos pueden generar en el medio y largo plazo; debe derivar de estudios profundos del mercado y aportar soluciones ante las posibles desviaciones del objetivo que puedan derivarse de cada una de las medidas adoptadas.

Llama especialmente la atención el hecho de que, a pesar de llevar años arrastrando esta situación relativa a la vivienda en nuestro país, haya sido después de la invasión de Ceuta, que ha supuesto  el descontento del conjunto de la sociedad española, cuando los colectivos afines al Gobierno se han movilizado para realizar estas reclamaciones. Además, el ejecutivo ha respondido de forma casi inmediata a las demandas, diluyendo así la falta de reacción del Gobierno ante lo sucedido en Ceuta.

En este contexto y teniendo en cuenta que queda menos de un año de legislatura, puede interpretarse que el objetivo de esta ley es puramente electoralista. Además, pretende desviar la atención de la ciudadanía hacia cuestiones de interés para el Gobierno.