A pesar de que ya llevaba investigándose tiempo antes, es en diciembre de 2022 cuando las sospechas que provoca la glamurosa vida de una eurodiputada destapa el mayor caso de corrupción en el seno de la Unión Europea: La policía belga descubre al padre de la diputada en cuestión (Eva Kailia, socialdemócrata griega y vicepresidenta del Parlamento Europeo) con una maleta en la que llevaba la estupenda cantidad de 750.000 euros en efectivo. En la misma operación, la policía también detiene a Antonio Panzeri, ex-eurodiputado socialdemócrata italiano que resulta ser el jefe de toda la trama, y que canalizaba dinero qatarí y marroquí a través de una ONG (Flight Impunity), que él mismo fundó en 2019 y que teóricamente luchaba contra las violaciones de los derechos humanos.

En esta ONG también aparece Francesco Giorgi, novio de Eva Kailia. En ese primer fin de semana, la policía encuentra un millón y medio de euros en efectivo en varias casas y locales propiedad de los implicados. Fue el embajador de Marruecos en Polonia (Abderrahim Atmoun) el que contactó con Panzeri y el que canalizaba los pagos a los corruptos (efectivo y tarjetas de crédito) a través de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Marruecos que ambos copresidían.

Todo este dinero, proveniente de Marruecos, Qatar y en menor medida de Mauritania, estaba destinado a influir en temas de interés para estos países, como la ocultación de las violaciones de los derechos humanos de sus respectivos regímenes. Se manipulaban informes, se vetaban resoluciones, se impedía el reconocimientos de activistas contra la esclavitud y se ocultaban acciones de los servicios de espionaje extranjeros en la UE.

¿Qué le debe la UE a Marruecos y qué quiere Marruecos de la UE?

Las relaciones de Marruecos con los países del sur de la UE (como España, Italia o Grecia) se podrían clasificar de mutuo interés: Marruecos contendría la inmigración africana, lo que en varias ocasiones ha utilizado como chantaje y herramienta de desestabilización, sin ningún escrúpulo y con una soberbia inaudita hasta entonces. Ejemplo fue la crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando entraron hasta 8.000 inmigrantes ilegales en territorio español, con la notoria colaboración de la policía marroquí.

Pero no solo la emigración ilegal. También debemos mencionar, en relación con el caso, el conflicto de los derechos de pesca entre Europa y el reino Alauí; el caso del Sahara Occidental, que Marruecos siempre ha codiciado pero que desde 2016, como declaró Mohammed VI se convirtió en un tema prioritario para su política exterior y desde luego la desaparición de las críticas e investigaciones sobre las violaciones de los derechos humanos de la dictadura norteafricana.

Para conseguir esto, el jefe del Servicio de Inteligencia Marroquí, Mohamed Yassine Mansouri, y el embajador Atmount prometieron a Panzeri y su asistente Giorgi un mínimo de 50.000 euros anuales cada uno a cambio de ganar voluntades a favor de los intereses del reino, habiendo evidencias de al menos tres reuniones entre 2019 y 2022. De esa forma, el diputado socialdemócrata Italiano Andrea Cozzolino pasó a cobrar de la trama debido a que formaba parte del comité que investigaba el uso del software espía Pegasus por parte de la dictadura marroquí.

Mohammed VI también consiguió otras ventajas por ese procedimiento, como una resolución contra Argelia, su gran enemigo en la zona; o que desapareciera, como por arte de magia, su país de los informes sobre violaciones de los derechos humanos; y también que la UE no reconociera a los opositores al régimen, tanto de Marruecos como de Mauritania, y el silencio ante el hecho de que criminales de todo tipo como narcos, terroristas o estafadores se refugiasen en Marruecos para escapar de la propia justicia europea.

¿Y qué hace la Unión Europea al respecto?

Poco o nada. Mientras el Europarlamento teóricamente colabora con los investigadores belgas, en realidad solo se ha ocupado de restaurar su imagen y mirar para otro lado.

Aunque el tema sigue abierto a día de hoy, no hay ningún acusado en la cárcel. Además, el fiscal encargado del caso Raphael Malagnini dimitió en octubre de 2023 por “mejora laboral” mientras el primer juez belga que se encargó de la instrucción (Michel Claise) dimitió tras descubrirse que su propio hijo tenía una empresa con el hijo de otra eurodiputada implicada.

En un primer momento se cursaron órdenes de detención e interrogatorio para un ministro qatarí y un diplomático marroquí, pero de pronto desaparecieron del caso. Parece que el juez belga que se ocupaba retiró las órdenes a cambio de la ayuda de Doha en la liberación de un trabajador humanitario belga detenido por Irán.

Otros políticos con claras evidencias de implicación se están librando de ser investigados, como la eurodiputada socialdemócrata belga María Arena que, junto con Panzeri (siguen siendo eurodiputados), dirigió la Subcomisión de Derechos Humanos. Esta reconoció haber aceptado vacaciones de lujo en Qatar y Marruecos, y en casa de su hijo encontraron casi 300.000 euros que no han podido justificar.

Es «curioso» que en enero de 2023, después de las detenciones de Panzeri y el resto de maleantes, por primera vez en 25 años se publicó una condena sobre las violaciones de derechos humanos en Marruecos. Mohammed VI se puso furioso por este hecho tardío, dando por finalizado el acuerdo de pesca con la UE. Acuerdo que el Frente Polisario siempre calificó como piratería, y que la justicia europea tiene bajo investigación por ilegal, porque supone la explotación de recursos sin el preceptivo consentimiento del Frente Polisario.

Esta crisis está llegando a afectar a la estabilidad en algunos asuntos de suma importancia para Europa como el terrorismo islamista, donde la colaboración y los intercambios de inteligencia son fundamentales. Sobre todo, teniendo en cuenta que en Europa viven más de dos millones de marroquíes y otro tanto de recién nacionalizados que siguen siendo leales a su país de origen. No perdamos de vista que los servicios de inteligencia de Rabat están infiltrándose en las comunidades magrebíes en Europa con la intención, no solo de controlar la disidencia, sino sobre todo para influenciar a la juventud cultural y políticamente, y así inclinar su voto hacia opciones favorables (¿socialdemócratas de nuevo?) a sus intereses y a la creación de partidos musulmanes allí donde sea posible.

Para colmo la filtración hace unas semanas de una conversación secreta de un inspector jefe de la policía belga, cuestionando la honestidad del arrepentido Panzetio (se supone que ahora colabora con las autoridades), el papel de los jueces y de la limpieza de la investigación en general, amenaza con hacer saltar por los aires todo el proceso.

Es pertinente recordar aquí, pues no es este el único caso de la UE, el escándalo deportivo que supuso la celebración en Qatar del mundial de fútbol del 2022, cuyos motivos aún son un misterio y que se consideró como el fraude más grande de la FIFA.

También el caso de corrupción que sacudió Marruecos en diciembre de 2023, con la detención de hasta 23 personas, incluidos varios políticos y cargos de la administración Alauí, policías y hasta el presidente de un equipo de fútbol por colaboración con el narcotráfico y el tráfico de personas.

En España recordamos el espionaje a más de 200 móviles de personalidades con el programa espía Pegasus, incluido el presidente del gobierno Pedro Sánchez, que se hace el sueco ante la exigencia de la justicia europea de investigar el caso y, a la vez, se va de vacaciones secretas a Marruecos en agosto de 2023, cambia su posición respecto al Sahara, y decide en contra de las Naciones Unidas (y sin ni siquiera consultar con el Parlamento Español) que el Sahara Occidental será marroquí.

En este contexto, y junto al evidente sometimiento de este gobierno socialdemócrata a los intereses políticos y comerciales del reino alauí, en detrimento de nuestro sector primario, de nuestros trabajadores e incluso de nuestra seguridad nacional, resulta llamativo que, en 2022, el ministro del interior Fernando Grande-Marlaska disolviera la Organización de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON Sur) en el campo de Gibraltar, lo que está en el fondo del asesinato en Barbate de dos agentes de la Guardia Civil.

Y entonces, ante este panorama desolador, resulta inevitable hacerse una sobrecogedora pregunta sobre el alcance de la corrupción: ¿Donde va la enorme cantidad de dinero que genera el tráfico de drogas y de personas en el estrecho?