El pasado 9 de abril de 2024, el Congreso de los Diputados aprobó una nueva regularización masiva de inmigrantes en situación irregular, sumándose a las seis anteriores realizadas en el país. La medida salió adelante con los votos a favor de la mayoría de los grupos parlamentarios, excepto Vox, que fue el único partido en votar en contra.

A lo largo de las últimas décadas, España ha llevado a cabo varias regularizaciones de este tipo. La primera tuvo lugar en 1986, durante el gobierno de Felipe González (PSOE), y afectó a 38.294 inmigrantes. En 1991, el mismo gobierno regularizó a 114.423 personas. Durante los mandatos de José María Aznar (PP), se aprobaron otras dos: en 1996, con 21.294 inmigrantes regularizados, y en 2000, con 264.153. Posteriormente, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), se llevaron a cabo otras dos, en 2001 y 2005, que afectaron a 239.174 y 576.506 inmigrantes, respectivamente.

Con esta nueva regularización, España suma más de 1,2 millones de personas beneficiadas por este tipo de medidas, alcanzando un total de 1.253.844 inmigrantes regularizados desde 1986. La decisión, como en ocasiones anteriores, ha generado debate entre los partidos políticos y en la opinión pública, reflejando las diferentes posturas respecto a la gestión de la inmigración en el país.

Como hemos mencionado antes, este año se aprobó otra regularización masiva por medio de una Iniciativa Legislativa Popular por parte de las ONG y respaldada por el PSOE en el Congreso, que pretende regularizar a 500.000 inmigrantes que hayan residido al menos dos años en España y que posean contrato laboral. La decisión la justificó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, por la necesidad del mantenimiento del tejido productivo mediante la inmigración. La suma total nos daría la cifra de 1.753.844, en un periodo de 38 años, sin contar las regularizaciones ordinarias.

Actualmente en España tienen permiso de residencia en vigor 3.092.590 personas, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Extranjería. Esto implica un crecimiento de un 8% con respecto al año anterior, con 203.107 personas más. El crecimiento acumulado en los últimos cinco años es de un 39% más. La nacionalidad residente más numerosa es la marroquí, con 823.568 residentes, seguida por la ucraniana, con 288.667.

Las cifras de extranjeros crecen al añadir las cifras de inmigrantes en situación irregular, cuya estimación exacta se desconoce, pero que puede ser cercana al medio millón. A esto, se suma que la afluencia de inmigrantes ilegales no para de aumentar. Según datos del Ministerio del Interior a 30 de noviembre, han llegado a España por vía marítima y terrestre (no cuentan las llegadas por vía aérea), 56.976 personas, un 12,7% más que en todo 2023, es decir, 6.425 personas más.

Por otro lado, las devoluciones y expulsiones no han parado de bajar hasta el año 2021, con un ligero repunte de las expulsiones; no las devoluciones, que bajaron todavía más. En 2023, el número de expulsiones fue de 3.091 inmigrantes ilegales, y de devoluciones, de 586. Cifras muy inferiores al de llegadas.

La inmigración masiva no solo cuenta con el apoyo de los propios interesados, sino también del Gobierno, independientemente de si está liderado por el Partido Popular o el PSOE. Ambos han defendido este modelo alegando la necesidad de mantener el tejido productivo y garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social.

La patronal, representada por la CEOE, también respalda este enfoque, argumentando la urgencia de cubrir puestos de trabajo en sectores con escasez de mano de obra. A nivel europeo, instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) han realizado llamamientos para incrementar la llegada de inmigrantes, mientras que el Banco de España ha asegurado que, para garantizar el sistema de pensiones, serían necesarios 20 millones de extranjeros adicionales para 2050, una proyección que genera debate.

La discusión gira en torno a dos preocupaciones clave que se presentan como argumentos para justificar esta política migratoria: la falta de trabajadores y la situación crítica de la Seguridad Social. ¿Es la inmigración masiva la solución definitiva?

Vayamos a la Seguridad Social. España y Europa se enfrentan a un grave problema demográfico de envejecimiento y natalidad. Según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el deterioro de las cuentas de la Seguridad Social es debido al estancamiento de los salarios y a la desaceleración del crecimiento de la productividad. La inmigración no puede remediar la precariedad laboral, al ubicarse en sectores de menor productividad y con salarios por lo general más bajos.

Aunque la tasa de ocupación sea menor en inmigrantes, la mayoría de nuevos empleos son ocupados por extranjeros según un estudio de Fedea y BBVA Research, suponiendo casi el 59% de los nuevos puestos de trabajo ocupados. ¿Faltan trabajadores para cubrir empleos? En España hay un 11,2% de paro, es decir, 2.586.018 personas. El paro juvenil se sitúa en un 26,7%. Sin embargo, los datos sobre el empleo no reflejan la realidad. En la práctica, los fijos discontinuos durante su inactividad, no figuran en los datos sobre el paro, por lo que las cifras sobre desempleo real son mucho mayores.

A la luz que arrojan los datos podemos pensar que la inmigración es una solución ineficaz, cortoplacista e insuficiente a la vez que acarrea múltiples problemas de diversa índole: devaluación de salarios, aumento de la criminalidad, islamización… Pero es un remedio preferido a otras políticas más estructurales y vitales, por derecha e izquierda, por patronal y banca.