La Abogacía del Estado ha presentado sus alegaciones al Tribunal Supremo, defendiendo que la Ley de Amnistía Orgánica 1/2024 aplica al ex presidente catalán Carles Puigdemont tanto por el delito de desobediencia como por malversación de caudales públicos. El escrito sugiere que deben levantarse las medidas cautelares y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y otros implicados, a menos que sean judicialmente modificadas o revocadas. La Abogacía argumenta que no hay pruebas de que los fondos malversados afectaran a los intereses financieros de la Unión Europea ni de que hubo un enriquecimiento personal de los procesados.
Puntos Clave
- Aplicación de la Ley de Amnistía:
- La Abogacía del Estado confirma que la Ley de Amnistía Orgánica 1/2024 aplica a Carles Puigdemont por los delitos de desobediencia y malversación de caudales públicos.
- Levantamiento de Medidas Cautelares:
- Se propone levantar las medidas cautelares y las órdenes de busca y captura contra Puigdemont y otros implicados, como Lluìs Puig, Antonio Comín y Marta Rovira.
- Posición del Tribunal Supremo:
- El magistrado Pablo Llarena había dado un plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, manteniendo vigentes las órdenes nacionales de detención mientras no sean judicialmente revocadas.
- Argumentos sobre Malversación:
- La Abogacía del Estado sostiene que no hay evidencia de que los fondos malversados afectaran a los intereses financieros de la UE o que los procesados se enriquecieran personalmente.
- Próximos Pasos Judiciales:
- La decisión final sobre el levantamiento de las medidas cautelares y la aplicación de la amnistía queda en manos del Tribunal Supremo y del magistrado instructor Pablo Llarena.