Desde que en 2021 tuviera lugar el robo de información del móvil de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a través del software Pegasus, cuya licencia pertenece a Marruecos, hemos sido testigos de una serie de concesiones por parte del presidente del gobierno, favoreciendo siempre los intereses de Marruecos.

La última se dio a conocer tras la precipitada reunión entre Pedro Sánchez y Mohamed VI, que tuvo lugar fuera de agenda el 21 de febrero de este año en Rabat, donde, entre otras cosas, acordaron permitir a las empresas españolas de transporte contratar a trabajadores con la licencia de conducir de Marruecos sin necesidad de homologación, como respuesta a la fuerte demanda de camioneros, que se estima que ronda los 20.000.

En España, la jornada laboral de estos trabajadores suele ser de una media de 14 horas diarias y el sueldo ronda los 2.000 euros, unas condiciones que muchos camioneros españoles ya no admiten. Ante la necesidad de la patronal de cubrir puestos de trabajo, el Gobierno apuesta por traer trabajadores del país africano que sí acepten estas condiciones.

Las sospechas de la implicación de Marruecos en el robo de información a través del software Pegasus se acentúan si tenemos en cuenta que en mayo de 2021, el mismo mes que tuvo lugar el ataque, el Consejo de Ministro aprobó una polémica ayuda directa de 30 millones de euros para el país magrebí, convirtiéndolo junto a la empresa irlandesa Ryanair en el principal beneficiario extranjero de las subvenciones gubernamentales. 

Por último, cabe mencionar el sorprendente y sospechoso giro del gobierno español cuando en mayo de 2022 anunció su apoyo a que el Sáhara Occidental se convirtiera en una región autonómica de Marruecos, dejando de lado la deuda histórica con la excolonia española.