El Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación difunde en su página web un mapa carente de fronteras entre Marruecos y el Sáhara Occidental reconocidas internacionalmente por la Organización de Naciones Unidas.
La cartografía se anuncia en un apartado de la página web en la que se detallan los centros de excelencia Severo Ochoa y las unidades de excelencia María de Maeztu «su reconocimiento tendrá una validez de cuatro años y proporcionará reputación y reconocimiento social y científico; incluyendo un millón de euros anuales para cada uno de los centros en ese periodo o quinientos mil euros en caso de las unidades».
La inclusión del mapa, ignorando completamente la naturaleza de un territorio no autónomo pendiente de descolonización responde al giro copernicano del Gobierno español que ha reconocido en el BOE la marroquinidad del Sáhara Occidental. Ya Pedro Sánchez en 2022 anunció un cambio en la posición de España en el litigio del Sáhara en el que aceptó el plan de autonomía propuesto por Marruecos para dicho territorio. Hecho que el Frente Polisario consideró como «una rendición al chantaje marroquí».
Una situación similar sucedió con un mapa similar publicado por Enaire —el gestor de navegación aérea de España—, que usaba en su página web un mapa que reconocía la marroquinidad del Sáhara Occidental. Todo ello en un contexto en el que el Ejecutivo español concurría en negociaciones para ceder al régimen alauita el espacio aéreo de la ex colonia española. Al final el ente terminó por recular y modificar el mapa.
Enaire, actualmente dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Óscar Puente, accedió a la reclamación del Frente Polisario, quienes exigían que se corrigiera el mapa de Marruecos y amenazó a la empresa con emprender acciones legales. «Le advierto que ante esta situación, el Frente Polisario transitará cualquier vía a su alcance para defender el legítimo derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia. Las entidades públicas tienen la obligación de respetar la legalidad vigente en todas sus actuaciones», señala Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario para España.
