El pasado viernes, la Guardia Civil detuvo a un hombre de 38 años, de origen marroquí, al que la propietaria encontró dentro de una vivienda en Sineu (Mallorca) sin autorización. El incidente ocurrió a las 9:00 horas, cuando la mujer lo descubrió y le preguntó qué hacía allí. Él respondió: «Estoy buscando trabajo».
El juez de guardia decidió liberarlo tras la detención, argumentando que no existían indicios suficientes de delito. Sin embargo, el historial del individuo ha desatado polémica.
En enero de 2024, la Guardia Civil lo había detenido por su implicación en al menos 15 robos en viviendas durante las Navidades de 2023. En octubre, un tribunal lo condenó a un año y once meses de prisión. A pesar de ello, la Audiencia Provincial de Palma ordenó su puesta en libertad el 23 de diciembre, apenas dos meses después de su condena, sin cumplir ni la mitad de su pena.
Apenas unas semanas más tarde, volvió a delinquir al entrar en un domicilio ajeno. Su rápida liberación ha generado una ola de críticas hacia el sistema judicial, al considerar que estas decisiones dejan indefensos a los ciudadanos ante reincidentes habituales.
Los vecinos de Sineu han expresado indignación y miedo. Muchos afirman que estas medidas fomentan la impunidad. Este nuevo incidente reaviva el debate sobre la necesidad de endurecer las sanciones contra delincuentes reincidentes y mejorar la gestión judicial de los casos relacionados con delitos contra la propiedad.
