Las competencias de la Generalitat frente a la inmigración llevan durante varios meses en la palestra. El gobierno está en negociaciones con Junts para la concesión de las competencias migratorias de la Generalitat para mantener el acuerdo presupuestario y el apoyo de Puigdemont.

La situación no es nueva, y desde inicios de este año Junts ha querido que las competencias estuvieran en manos de Cataluña. Para ello, Junts presionó al gobierno asegurando a través de Jordi Turull, el secretario general de Junts, y el propio Puigdemont repitieron en declaraciones públicas y constantemente que Cataluña recibe más inmigrantes que otras comunidades sin los recursos suficientes, con el fin de un aumento de los recursos para la Generalitat. Dichas declaraciones a inicios de año fueron moderándose, rechazando equiparar la inmigración y la delincuencia, especialmente con la llegada de las elecciones catalanas y frente a la subida electoral de Aliança Catalana, con Silvia Orriols a la cabeza, y que apostaba por una línea dura con la inmigración.

Tras las elecciones, y con la llave del gobierno autonómico, Junts volvió a intentar conseguir las competencias migratorias, negociando con Illa y el gobierno central. En las negociaciones Junts planteaba el control de la inmigración ilegal, pero rechazando las tesis más radicales respecto a la inmigración propuestas por Orriols. La propuesta de Junts se basa en la consigna de que «hay que garantizar que la diversidad se gestione en el marco de la catalanidad». Las competencias están cercanas a pasar a la Generalitat, en parte debido a que incluso Illa en una sesión de control del Parlament durante el pasado noviembre dejó caer dicha posibilidad.

Hace pocos días el propio ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Victor Torres confirmó las intenciones del Ejecutivo para modificar la ley de extranjería para dar una mayor autonomía a Cataluña respecto a la gestión de la propia inmigración mediante más recursos y un mayor control sobre la misma. En cuanto a los detalles la negociación el ministró no quiso concretarlos, aunque afirmó ser partidario de un reparto justo entre comunidades. Junto a estas medidas también se está planteando una mayor descentralización de las competencias y que las medidas adoptadas incluyan a la gestión de menas o inmigrantes ilegales mayores de edad o empadronados en Cataluña.